Cuatro entidades sociales y ambientales de la provincia de León denuncian que la Junta ha autorizado la ganadería y la caza en zonas afectadas por incendios recientes y, al mismo tiempo, niega el acceso a los informes que supuestamente justifican esa decisión. Las organizaciones implicadas son la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL). Según estas entidades, la Administración autonómica ha recibido solicitudes formales de información y ha rechazado o evitado entregar los documentos técnicos en los que se basaría la autorización. Esta falta de acceso impide el escrutinio público y abre la puerta a decisiones sin evaluación independiente.
Reclamo por falta de transparencia
Las asociaciones reprochan una doble anomalía institucional: la Junta afirma poseer informes que avalan la medida y, al mismo tiempo, impide su difusión, lo que imposibilita verificar la base técnica, científica y jurídica de la autorización. Según los denunciantes, la negativa vulnera derechos de participación y los principios de acceso a la información ambiental recogidos en normativa de transparencia y en compromisos internacionales. Las entidades han pedido la publicación íntegra de todos los informes y documentación relacionada, así como la apertura de canales de participación para las comunidades locales afectadas. Sin esa documentación, no es posible evaluar la idoneidad de autorizar actividades que influyen directamente en la recuperación del terreno.
La normativa forestal aplicable en Castilla y León establece con claridad una prohibición mínima de cinco años para actividades como la caza y el pastoreo en terrenos quemados, con el objetivo de favorecer la regeneración ecológica y proteger suelos y biodiversidad. Las organizaciones señalan que autorizar estas prácticas antes de contar con motivación documentada contradice el principio de legalidad y genera un precedente jurídico y ambiental preocupante. Permitir presión cinegética o ganadera prematura puede alterar procesos de sucesión vegetal, compactar suelos y favorecer la erosión, lo que ralentiza la recuperación de servicios ecosistémicos esenciales como retención de agua y secuestro de carbono.
Riesgos ambientales y económicos
Desde el punto de vista ecológico, la regeneración postincendio depende de factores edáficos, climáticos y biológicos y puede verse comprometida por la actividad humana temprana. La presencia de ganado en parcelas dañadas puede compactar capas superficiales del suelo, reducir la germinación de especies pioneras y aumentar la pérdida de materia orgánica, mientras que la caza puede alterar la dinámica de especies clave para la recuperación. En términos económicos, la degradación prolongada del terreno afecta a largo plazo a la productividad de praderas y montes, condicionando ingresos futuros de pastores y propietarios y aumentando costes de restauración.
Las entidades advierten además sobre posibles responsabilidades administrativas y penales si se confirma que la autorización carece de respaldo técnico real. Han solicitado que, en caso de inexistencia o insuficiencia de informes, se depuren responsabilidades políticas y administrativas. Para garantizar la protección de derechos y recursos, demandan que cualquier decisión excepcional venga acompañada de criterios técnicos claros, planes de seguimiento y medidas correctoras con indicadores verificables.
Propuestas y vías de control para el futuro
Entre las propuestas que plantean las organizaciones están la publicación inmediata de la documentación, la realización de evaluaciones independientes y la implementación de planes de recuperación con indicadores temporales y ecológicos. Recomiendan emplear tecnología de monitoreo —como teledetección por satélite y drones— para medir la evolución de la vegetación y la cobertura del suelo, y establecer umbrales que condicionen la reintroducción gradual del pastoreo. Asimismo, proponen acuerdos de gestión participativa con ganaderos y sociedades de cazadores para aplicar prácticas de baja presión y rotación de usos que minimicen impactos.
También exigen la implantación de protocolos de restauración basados en buenas prácticas: control de la escorrentía, medidas anti-erosión en cuencas sensibles, siembra de especies autóctonas cuando proceda y seguimiento del suelo mediante análisis periódicos de materia orgánica y compactación. Estas acciones permitirían compatibilizar la actividad productiva con la recuperación ambiental, reducir el riesgo de degradación persistente y mejorar la resiliencia frente a futuros incendios.
Repercusiones políticas y necesidad de transparencia
La polémica suma presión política sobre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que debe explicar la motivación técnica y legal de su actuación. Las organizaciones subrayan que la transparencia no es solo una exigencia administrativa, sino una herramienta para prevenir errores de gestión y generar confianza entre administraciones, propietarios rurales y ciudadanía. Sin documentos públicos y evaluaciones independientes, la gestión de las zonas incendiadas queda expuesta a incertidumbre y conflicto.
Conclusión y pasos inmediatos
Las entidades reclamantes insisten en la publicación íntegra de los informes justificativos y en la apertura de mecanismos de control y participación antes de permitir la reanudación generalizada de la caza y el pastoreo en terrenos quemados. A corto y medio plazo, las medidas más urgentes son la verificación técnica independiente, la definición de criterios objetivos para autorizar actividades y la implantación de sistemas de monitorización que permitan tomar decisiones adaptativas. Solo así se podrá conciliar la actividad ganadera y cinegética con la recuperación ecológica y la protección del suelo y la biodiversidad.
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