Según Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, la organización ha denunciado que grandes superficies están vendiendo la fresa por debajo del coste, una práctica que, según la entidad, está arruinando a los agricultores y distorsionando el mercado en 2026. Piedra identifica a determinadas cadenas de distribución que usan la fresa como producto reclamo con precios que UPA considera insostenibles para el eslabón primario y contrarios a la Ley de la Cadena Alimentaria. La denuncia se centra en la pérdida de rentabilidad de las explotaciones onubenses y en el efecto sobre el empleo y la inversión en el sector de los frutos rojos. UPA Huelva advierte que esta estrategia no solo devalúa la fresa en el punto de venta, sino que repercute directamente en los ingresos que perciben los agricultores en origen, haciendo inviable la continuidad de muchas explotaciones pequeñas y medianas.
UPA Huelva aporta cifras y ejemplos para fundamentar su denuncia y pide una respuesta administrativa y judicial que frene lo que califica de especulación comercial. La organización señala ofertas en tarrina a 0,99 euros como reclamo promocional; denuncia que, en esos casos, el productor llega a cobrar menos de 0,50 euros por tarrina; y afirma que el margen comercial aplicado por algunas cadenas supera el 400%. Estas afirmaciones se presentan como estimaciones basadas en precios de venta al público y en costes de producción declarados por agricultores, y UPA Huelva ha anunciado que remitirá la documentación a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que investigue posibles ventas a pérdidas y otras infracciones de la normativa vigente.
Contexto y reclamaciones
La organización subraya que el sector de la fresa afronta en 2026 una combinación de presiones: aumento de los costes de producción (mano de obra, transporte, envases y energía), variabilidad climática que ha condicionado periodos de floración y cosecha, y una estructura de comercialización que, a su juicio, penaliza al agricultor. UPA Huelva reclama transparencia en la formación de precios y que se respete la prohibición legal de vender por debajo del coste en el eslabón primario. Manuel Piedra insiste en que los envases y presentaciones que aparecen en el lineal son costeados en origen por el productor y que la distribución limita su aportación a la logística y exposición del producto, lo que agrava la diferencia entre el precio final y la cantidad que realmente recibe el agricultor.
Acciones y consecuencias previstas
La organización ha anunciado pasos concretos: recopilación de facturas y contratos para documentar los márgenes, presentación de denuncias ante AICA y movilizaciones públicas para sensibilizar a consumidores y administraciones sobre los efectos de la venta a pérdidas. UPA Huelva advierte que, si la práctica persiste, se incrementará la pérdida de explotaciones y el empleo estacional vinculado a la cosecha de fresas, con el consiguiente impacto en la economía local de Huelva. Además, señala un efecto a medio y largo plazo: erosión del valor de la marca colectiva de los frutos rojos andaluces, pérdida de inversión en innovación agronómica y riesgo de abandono de cultivo por parte de agricultores que no logran cubrir costes.
Reacciones esperadas del mercado y recomendaciones
Desde la perspectiva de UPA Huelva, detener la venta a pérdidas requiere una combinación de controles administrativos, denuncias firmes y cambios en las prácticas comerciales de la distribución. La organización pide a la AICA que actúe con rapidez en 2026 para evaluar posibles infracciones y recomienda a los consumidores informarse sobre el origen y el coste real de los productos agrícolas. UPA Huelva también plantea la necesidad de mejorar la negociación colectiva de los productores y de impulsar mecanismos de transparencia en la cadena alimentaria que reflejen costes reales y márgenes razonables para cada eslabón.
Impacto sobre el consumidor y sostenibilidad del sector
UPA Huelva sostiene que las ofertas agresivas pueden confundir al consumidor sobre el valor real del alimento y, a largo plazo, reducir la variedad y calidad disponibles en el mercado si disminuye la rentabilidad de los productores. La organización defiende que un precio justo en origen es condición necesaria para mantener empleo, inversiones en sostenibilidad y prácticas que garanticen calidad y trazabilidad. En su comunicado, Manuel Piedra subraya que proteger el precio en origen no es solo una reivindicación económica sino una política para garantizar la sostenibilidad del sector y la seguridad alimentaria local.
Conclusión
UPA Huelva mantendrá la presión administrativa y mediática hasta que se clarifiquen prácticas comerciales que, según la organización, vulneran la normativa y ponen en riesgo el futuro de las explotaciones de fresa. La denuncia presentada en 2026 apunta a la necesidad de mayor control regulatorio, acuerdos entre productores y una mayor responsabilidad de la distribución para que el valor del producto no sea utilizado como mero gancho comercial en detrimento del agricultor.
Foto - agrodiariohuelva.es
