Según Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM-COAG, el sector ganadero de Cantabria mantiene una elevada preocupación por la posibilidad de aparición de la Dermatosis Nodular Contagiosa en el ganado vacuno y sus efectos sobre la producción láctea y la rentabilidad de las explotaciones. La enfermedad se transmite con facilidad entre bovinos y, ante la confirmación de un caso, las medidas de control previstas implican consecuencias sanitarias y económicas severas para las granjas afectadas. En este contexto, las organizaciones profesionales reclaman medidas operativas y financieras claras para minimizar el riesgo y proteger a los ganaderos.
La enfermedad, de rápida difusión entre bovinos, conlleva el sacrificio de toda la cabaña cuando se detecta un caso. Esta exigencia sanitaria tiene un impacto directo en la continuidad productiva de las explotaciones: pérdida inmediata de ingresos por leche, costes asociados a la limpieza y desinfección, y la necesidad de reponer reproductores y vacas de ordeño para recuperar la actividad. Los ganaderos señalan además que un bloqueo prolongado de movimientos afecta a contratos con la industria y a la estabilidad de las entregas lácteas.
En Cantabria la vacunación contra la Dermatosis Nodular no está autorizada actualmente, lo que mantiene la pugna entre medidas de contención y herramientas de prevención. La autorización de campañas de vacunación depende de cambios en la clasificación de la enfermedad por las autoridades nacionales y europeas; los productores sostienen que, sin esa opción, la única respuesta ante un caso es el sacrificio masivo, con la consiguiente ruina para explotaciones de tamaño pequeño o medio. Además, existe preocupación por problemas en la adquisición y distribución de dosis aprobadas en otros países y por dudas sobre la eficacia en determinadas circunstancias, como reportes de casos vinculados a terneros nacidos de madres vacunadas en países cercanos.
UGAM-COAG exige que, si la enfermedad llega a la región, el Gobierno asuma el coste del sacrificio y la compensación a los ganaderos afectados. La organización plantea que sin un respaldo claro al agricultor se multiplicarán las tensiones económicas y sociales en zonas rurales dependientes de la explotación bovina. Los representantes del sector piden también protocolos rápidos de apoyo técnico, líneas de crédito específicas y simplificación administrativa para acceder a ayudas de reposición y normalización de la actividad productiva.
La petición de vacunación
Para los ganaderos consultados, la vacunación supone la herramienta preventiva más eficaz siempre que se garantice la disponibilidad de vacunas seguras y el marco legal permita su uso sin obligar al sacrificio de toda la granja ante un brote. El debate técnico se centra en conseguir una recalificación del estatus sanitario que habilite campañas de vacunación masiva y en crear reservas estratégicas de dosis en España para desplegarse con rapidez. Las organizaciones agrarias sostienen que una política activa con vacunas reduciría drásticamente la probabilidad de cierres de explotaciones y amortiguaría el impacto en la oferta de leche.
Impacto económico y demandas al Gobierno
A la amenaza sanitaria se suma la presión sobre los precios de la leche y las condiciones contractuales impuestas por la industria, que los ganaderos describen como contratos a la baja que merman márgenes ya ajustados. El sector destaca que la combinación de riesgo sanitario, incertidumbre sobre la vacunación y precios a la baja provoca decisiones de abandono o reducción de efectivos en algunas explotaciones, lo que compromete el abastecimiento lácteo regional. En sus reivindicaciones ante las autoridades, los ganaderos exigen que cualquier revisión de la Política Agraria y de los fondos destinados al sector garantice estabilidad presupuestaria, facilidad para acceder a ayudas y menos carga burocrática para la gestión de crisis.
Respuestas técnicas y preparación del sector
Los productores subrayan que la experiencia con otras enfermedades veterinarias ha mejorado capacidades de diagnóstico, trazabilidad y manejo sanitario en las explotaciones, pero insisten en que se requieren recursos adicionales: formación específica, protocolos de bioseguridad fortalecidos en entradas de ganado y mercancías, y planes de contingencia adaptados a explotaciones lecheras y de carne. También reclaman coordinación urgente entre la Comunidad Autónoma, el Ministerio y la Comisión Europea para definir umbrales de actuación, suministro de vacunas y criterios de indemnización que eviten decisiones unilaterales que perjudiquen a las explotaciones.
Perspectivas y medidas a futuro
Los agentes del sector plantean medidas concretas a corto y medio plazo: creación de reservas regionales de vacunas autorizadas, campañas informativas sobre bioseguridad para explotaciones familiares, líneas de apoyo financiero para reposición y mejora de infraestructuras de cuarentena, y negociación con la industria láctea para contratos que contemplen escenarios de crisis sanitaria. A medio plazo, la comunidad ganadera demanda que la política sanitaria europea evolucione para compatibilizar la prevención con la conservación de la actividad productiva en territorios con cabañas bovinas significativas.
En opinión de los representantes, garantizar la continuidad de la producción láctea y de carne en Cantabria exige combinar medidas sanitarias estrictas con instrumentos financieros y regulatorios que eviten la pérdida masiva de explotaciones frente a un brote de Dermatosis Nodular Contagiosa, priorizando la protección de ingresos y el sostenimiento del tejido rural.
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