Según Santiago Lucas-Torres, diputado regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, la política hídrica vigente en 2026 está asfixiando al campo y exige soluciones inmediatas y concertadas para evitar el abandono rural. En una intervención en las Cortes regionales, el parlamentario alertó de que la gestión actual del agua coloca a la comunidad como la "gran sacrificada" del sistema hídrico nacional, con consecuencias directas sobre la viabilidad económica de explotaciones y el mantenimiento del empleo agrario. Lucas-Torres situó la demanda en el marco de la legislación europea y las decisiones que deben adoptarse en los próximos años, y reclamó una respuesta que priorice la seguridad jurídica y la sostenibilidad de los regadíos. El diputado subrayó que la problemática requiere tanto medidas normativas como inversiones en infraestructuras y tecnologías que permitan compatibilizar objetivos ambientales con la continuidad de la actividad agraria.
Alto Guadiana
En relación con el acuífero del Alto Guadiana, Lucas-Torres alertó sobre el impacto de decisiones administrativas que, a su juicio, dejarían a muchas explotaciones sin regularización y sin derechos reconocidos para seguir regando. Según su intervención, 4.500 pozos del Alto Guadiana y otros 1.800 correspondientes a explotaciones prioritarias podrían quedar sin regularizar si no se adoptan ajustes en la normativa y plazos más amplios, lo que convertiría a miles de agricultores en tenedores de pozos sin cobertura legal. Denunció además recortes de autorizaciones, aumento de cargas burocráticas y la previsión de cierres de aprovechamientos hacia el horizonte normativo que marca la Directiva Marco del Agua, lo que, según él, obliga a actuar con premura para evitar efectos irreversibles. Como ejemplos concretos de municipios afectados, Lucas-Torres citó localidades manchegas con fuerte tradición regante que observan dotaciones inferiores a zonas próximas, generando agravios comparativos y pérdidas de competitividad.
Consecuencias socioeconómicas
El diputado relacionó directamente la restricción de agua con pérdida de rentabilidad, abandono de explotaciones y aumento de la despoblación rural, estableciendo una cadena causal clara: menos agua → menor producción → menos empleo agrario → cierre de industrias agroalimentarias vinculadas → pérdida de servicios en pueblos. Advirtió que recortes en dotaciones hídricas no se traducen necesariamente en mejor protección ambiental si no van acompañados de planificación, inversión y tecnologías de modernización de regadío; por el contrario, pueden agravar el éxodo rural y debilitar cadenas de valor locales. En su diagnóstico responsabilizó al diseño actual de políticas por no priorizar la reutilización de aguas depuradas, la recarga gestionada de acuíferos ni proyectos de modernización, elementos que permiten compatibilizar objetivos ambientales y productivos.
Propuestas y demandas
Para cambiar el rumbo, Lucas-Torres planteó varias medidas concretas: la creación de una comisión de estudio y análisis que incluya administraciones, organizaciones agrarias, cooperativas, universidades y todos los grupos políticos; la modificación normativa para garantizar seguridad jurídica; y la apuesta por soluciones tecnológicas y de gestión como la reutilización de aguas depuradas y la recarga artificial de acuíferos. Además, propuso la ampliación de los plazos de cumplimiento de la Directiva Marco del Agua hasta 2032 y la prórroga del Plan Especial del Alto Guadiana como instrumentos para ganar tiempo y negociar alternativas técnicas y legales. En su exposición, destacó la necesidad de combinar inversión pública en infraestructuras con incentivos a la modernización de regadíos para mejorar la eficiencia hídrica y la resiliencia frente a la variabilidad climática.
Comparando modelos internacionales, Lucas-Torres señaló la diferencia entre actuaciones en países vecinos donde se prioriza la construcción y modernización de infraestructuras hídricas, y la situación en España, donde -a su juicio- las medidas adoptadas castigan al productor sin ofrecer alternativas viables. Reclamó que las sanciones administrativas no se apliquen sobre actividad investigadora o a proyectos de mejora que buscan aumentar la sostenibilidad y la productividad, porque eso, dijo, equivale a penalizar la innovación agrícola.
Balance y llamada a la acción
El diputado concluyó que ante el dilema existen dos caminos: invertir para modernizar y sostener el campo o aplicar recortes que empujarán al abandono rural; y dejó claro que, para él, la administración debe optar por la primera vía. Reiteró la petición de creación de la comisión de estudio como paso previo necesario para alcanzar soluciones consensuadas antes de que se concreten cierres o pérdida de derechos hídricos. La intervención coloca el foco en 2026 como año clave para negociar plazos, seguridad jurídica y programas de inversión orientados a mantener la actividad agrícola y estabilizar la población rural de Castilla-La Mancha.
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