VOX presentó en 2026 un programa agrario para Andalucía que propone una ruptura con varias políticas agrícolas europeas y una batería de medidas dirigidas a reducir cargas administrativas, reforzar controles a las importaciones y priorizar apoyos directos al sector primario. El documento, incluido en el apartado del sector agrario del programa regional, plantea ajustes en la relación con la Unión Europea y cambios en la gestión del agua, la digitalización y las ayudas públicas con objetivos centrados en la competitividad y la soberanía alimentaria. El partido justifica sus propuestas en la necesidad de mejorar la rentabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas y en la demanda de agricultores que, según el texto, reclaman menos exigencias regulatorias y más inversión en infraestructuras.
Medidas clave del programa
Rechazo declarado a la reforma de la PAC prevista para 2028-2034, con la demanda de rebajar exigencias medioambientales y condicionalidades que, según VOX, aumentarán costes y recortes en pagos directos. 2. Simplificación administrativa para el acceso a ayudas y anticipos de la PAC, con la promesa de reducir trámites y tiempos de espera para explotaciones pequeñas y medianas. 3. Paralización voluntaria de la implantación obligatoria del cuaderno de campo digital hasta garantizar accesibilidad, interoperabilidad y seguridad tecnológica para productores y técnicos. 4. Incremento de ayudas dirigidas a jóvenes agricultores, elevando los topes máximos en las convocatorias regionales y facilitando líneas de crédito con condiciones preferentes. 5. Refuerzo del asesoramiento técnico y administrativo personalizado para explotaciones, con especial atención a pequeñas fincas y a procesos de sucesión generacional. 6. Eliminación de políticas derivadas del Pacto Verde en el ámbito autonómico que, según el programa, supongan nuevas obligaciones que dañen la competitividad local. 7. Solicitud de suspensión o revisión del acuerdo UE‑Mercosur y de otros tratados que, en opinión del partido, introduzcan competencia desleal por diferencias regulatorias. 8. Creación de un fondo de compensación para productores afectados por importaciones o cambios regulatorios que reduzcan sus ingresos. 9. Implantación obligatoria de cláusulas espejo que exijan a importaciones cumplir las mismas normas fitosanitarias, laborales y ambientales que la producción europea. 10. Refuerzo de los Puestos de Inspección Fronterizos con más personal y medios materiales para controlar cumplimiento normativo. 11. Endurecimiento de sanciones por etiquetado engañoso en referencias a “origen España” o “envasado en España”.
El programa dedica un apartado específico a la gestión del agua y a infraestructuras hidráulicas, señalando proyectos concretos que, según la formación, requieren impulso para ampliar superficies de regadío y mitigar el impacto de sequías más frecuentes. VOX cita actuaciones como las relacionadas con Alcolea, Gibralmedina, Cerro Blanco, Rules y el sistema de Siles como ejemplos de obras cuya ejecución, a su juicio, debe acelerarse para garantizar disponibilidad hídrica y estabilidad de producción. Estas propuestas incluyen también la búsqueda de fórmulas de financiación autonómica y público-privada para abordar inversiones pendientes y modernizar redes de riego.
En materia de digitalización, la propuesta de aplazar la obligatoriedad del cuaderno de campo digital va acompañada de la promesa de impulsar alternativas de formación y soporte técnico. El programa insiste en que cualquier transición tecnológica debe garantizar compatibilidad con sistemas de gestión empresarial y acceso a conectividad en zonas rurales, proponiendo ayudas para equipos y formación en herramientas de agricultura digital y trazabilidad.
Rechazo a la reforma de la PAC, paralización del cuaderno de campo digital y suspensión del acuerdo UE‑Mercosur son los tres ejes que, según VOX, condensan la estrategia para defender la rentabilidad del campo andaluz y su soberanía alimentaria, y aparecen como prioridades que marcarían la negociación con el Gobierno central y con la Unión Europea. El programa plantea además medidas concretas de control y fiscalización que exigen recursos humanos y financieros adicionales en aduanas, laboratorios y unidades de inspección.
Entre los impactos previstos por la formación están la reducción de cargas administrativas para agricultores, la protección de precios locales frente a importaciones percibidas como competitivas y la mejora de la liquidez de explotaciones jóvenes mediante anticipos y créditos. Sin embargo, técnicos y expertos consultados por agentes del sector advierten sobre la necesidad de evaluar efectos en relación con las normas comunitarias y los requisitos de mercado, así como el coste y la viabilidad de medidas como las cláusulas espejo desde la órbita del comercio internacional.
El programa abre un debate sobre prioridades y costes: por un lado, la búsqueda de medidas que respondan a demandas de rentabilidad y agua; por otro, la necesidad de compatibilizar cualquier cambio con obligaciones multilaterales, acceso a fondos europeos y estándares de mercado que afectan a la exportación. La propuesta de VOX avanza en 2026 como un documento que pretende marcar la agenda regional y forzar diálogo con el Gobierno central y la Comisión Europea sobre la letra y el alcance de la PAC, la gestión hídrica y las condiciones de comercio exterior.
Las reacciones entre productores y organizaciones agrarias variarán según parcelas productivas y expectativas sobre ayudas e infraestructuras; la implementación de las medidas requerirá además estudios de impacto técnico, jurídico y presupuestario para determinar su viabilidad real y su efecto en precios, competencia y sostenibilidad productiva en el medio plazo. El programa de VOX plantea decisiones de calado que, de avanzar, abrirán negociaciones y demandas de informes técnicos para convertir propuestas políticas en acciones aplicables en Andalucía durante los próximos años.
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