La Junta de Castilla y León ha activado en 2026 un decreto que regula la venta directa y los circuitos cortos de comercialización agroalimentaria con el objetivo de mejorar la renta de las explotaciones y fomentar el consumo local. La norma busca establecer un marco legal estable que facilite la comercialización desde la explotación hasta el consumidor final, y pretende reforzar el vínculo entre productores y compradores mediante requisitos claros de etiquetado y trazabilidad. La iniciativa se plantea además como una herramienta para impulsar la competitividad de las explotaciones familiares y diversificar las fuentes de ingresos en el medio rural. Los responsables regionales ven en este modelo una palanca para dinamizar mercados locales y reducir intermediaciones innecesarias.
La consejera de Agricultura presentó los detalles del decreto en una localidad de la provincia de Zamora y confirmó que más de cincuenta productores ya se han inscrito en 2026 en el registro oficial habilitado para esta modalidad. Los participantes deben identificar sus productos con el distintivo 'Origen: aquí. Venta de Cercanía Castilla y León' y mostrar el código identificador que genera la inscripción. Esa marca busca garantizar al consumidor que el alimento procede directamente de una explotación registrada en la comunidad y facilitar la trazabilidad desde el origen.
La norma distingue técnicamente entre venta directa —venta del productor al consumidor final— y circuito corto, donde puede existir un único intermediario, como una tienda minorista o un establecimiento de hostelería. Para acogerse, los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas deben figurar en el registro regional REACYL; en el caso de productos transformados (quesos, embutidos, vino, mermeladas) es necesaria también la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Alimentarias (REAAL). La inscripción es gratuita y, al tramitarla, la administración facilita un código identificador que debe incorporarse obligatoriamente en el etiquetado.
El decreto habilita múltiples canales de venta siempre que el productor comunique previamente su actividad: venta en la propia explotación, mercados y ferias, reparto a domicilio, plataformas online y máquinas automáticas con expendio directo. Estos canales se regulan para garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad, y para evitar que la venta directa sustituya a la actividad principal de la explotación en detrimento del territorio. El texto legal establece procedimientos de control y obligaciones documentales que permiten a la Administración regional verificar operaciones y cumplir con la normativa sanitaria.
Para preservar el carácter complementario y local de estos canales, el decreto fija límites máximos de comercialización anual por producto: por ejemplo, 50.000 kilos de patatas, 30.000 kilos de fruta por especie, 10.000 kilos de hortalizas, 5.000 litros para bebidas como vino o cerveza y 2.500 kilos para transformados como mermeladas o embutidos. Estos topes buscan evitar que la venta de cercanía se utilice como vía principal de comercialización a gran escala y garantizan que la actividad permanezca ligada al territorio y a explotaciones de tamaño familiar o medio.
Los productores acogidos al sistema deben cumplir los estándares generales de seguridad alimentaria, mantener registros de operaciones comerciales, asegurar la trazabilidad de sus lotes y respetar la normativa de etiquetado. Además, estarán sujetos a controles oficiales de la Administración regional que inspeccionará el cumplimiento de los requisitos y podrá aplicar medidas correctoras en caso de irregularidades. El cumplimiento de esas obligaciones es condición para conservar la inscripción y el uso del distintivo de cercanía.
La Consejería ha anunciado el desarrollo de planes de formación y campañas de promoción durante 2026 para difundir el nuevo marco entre productores y consumidores y facilitar la adaptación de las explotaciones. En el futuro próximo la administración promoverá herramientas digitales de apoyo, como plataformas de venta locales y soluciones de trazabilidad electrónica, que pueden facilitar la gestión documental y la comunicación del distintivo al consumidor. Estas medidas pretenden reducir barreras administrativas y tecnológicas que hoy dificultan a muchos pequeños productores acceder con seguridad a canales directos de venta.
Para un productor que quiera incorporarse al sistema, los pasos prácticos son sencillos: inscribirse en REACYL, tramitar la inscripción en REAAL si produce transformados, obtener el código identificador, incorporar el distintivo y el código en el etiquetado y llevar un registro de ventas ajustado a la normativa. El cumplimiento de los topes y de las normas de higiene y trazabilidad permite aprovechar las ventajas comerciales sin perder la condición de actividad de cercanía. La administración regional ofrecerá soporte informativo y formativo durante 2026 para resolver dudas y acelerar la aplicación práctica.
Para los consumidores, la regulación introduce mayor transparencia y garantías: el distintivo facilita la identificación de productos procedentes de explotaciones locales y la obligación de trazabilidad mejora la confianza en su origen y en la manipulación. A medio plazo, la Junta espera que el decreto contribuya a reforzar el tejido agroalimentario local, aumentar la rentabilidad de explotaciones familiares y fomentar circuitos más cortos y sostenibles en Castilla y León.
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