Unións Agrarias solicita a la Xunta que no se aplique la penalización por retraso a ganaderos que presenten su solicitud de la PAC debido a la nueva obligación de aportar el DNI/NIF de los propietarios de fincas alquiladas. La organización advierte que la combinación de incidencias técnicas en la aplicación informática y las nuevas exigencias documentales está ralentizando la tramitación y aumentando el tiempo necesario por solicitante. El reglamento contempla una reducción del 1% por cada día hábil de retraso, una sanción que, según el sindicato, sería injusta en el contexto de las dificultades actuales. Unións Agrarias reclama medidas para evitar que esa norma penalice a productores por causas ajenas a su control.
La aportación obligatoria del NIF o DNI de los propietarios en parcelas de alquiler superiores a una hectárea incrementa la carga administrativa por expediente y obliga a verificar datos que no siempre están accesibles con rapidez. Los técnicos agrícolas y los administradores de las explotaciones deben localizar y cotejar documentación adicional, lo que eleva los tiempos por trámite y produce cuellos de botella en el proceso de captura de datos. Según fuentes sindicales, esos requerimientos han multiplicado el número de consultas y correcciones que deben realizarse antes de remitir la solicitud.
Unións Agrarias pide que las solicitudes registradas entre el 15 y el 31 de mayo queden exentas de la penalización para compensar el ritmo más lento de la campaña de este año y para que los ganaderos puedan declarar sus superficies y ayudas con precisión. El sindicato marca como prioridad que los productores no pierdan porcentajes de ayuda por retrasos derivados de factores técnicos o de nueva normativa que incrementa la complejidad del trámite. En su petición formal a la Consellería do Medio Rural, UU.AA. insta a que la administración autonómica modifique la orden vigente para adoptar medidas de protección temporal.
El problema no es exclusivo de Galicia: comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía y Aragón han adoptado medidas similares este año para evitar recortes automáticos a sus agricultores y ganaderos. Ese precedente refuerza la petición de Unións Agrarias y ofrece un modelo operativo para la Xunta, que podría aplicar soluciones homólogas sin esperar a cambios a nivel estatal. La organización también solicita que se habiliten canales de apoyo y asistencia técnica para facilitar la incorporación correcta de los NIF/DNI en las solicitudes.
Las consecuencias de no actuar pueden ser concretas y cuantificables: recortes en el importe de las ayudas que numerosos titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas reciben de la PAC, aumento de errores en declaraciones por las prisas y mayor litigiosidad administrativa por discrepancias en los expedientes. Unións Agrarias destaca que las fuertes borrascas del invierno y las dudas sobre la superficie cultivada en algunas parcelas incrementaron la necesidad de tiempo para una declaración veraz, lo que agrava el riesgo de sanciones automáticas.
Para resolver el conflicto a corto y medio plazo, UU.AA. propone medidas concretas que la Xunta podría adoptar de inmediato: 1. Suspender temporalmente la aplicación de la reducción del 1% por día para las solicitudes presentadas en el periodo señalado; 2. Extender plazos administrativos y establecer tolerancias por incidencia técnica; 3. Reforzar el soporte telemático y presencial para facilitar la carga y verificación de NIF/DNI de propietarios de parcelas alquiladas. Estas medidas buscarían reducir errores y evitar que los expedientes pasen a futuros controles con inconsistencias.
Desde el punto de vista tecnológico, la organización reclama una revisión urgente del sistema de captura de datos para evitar las constantes incidencias que, según denuncian, están lastrando la campaña. Mejoras en la interfaz, comprobaciones automatizadas de formato de NIF/DNI y mecanismos de validación con registros de propiedad podrían agilizar el proceso y disminuir la carga administrativa sobre gestores y agricultores. A medio plazo, señalan, la automatización y la interoperabilidad entre registros catastrales y sistemas administrativos son claves para reducir estos problemas en futuras campañas.
La petición de Unións Agrarias abre un debate más amplio sobre cómo conciliar nuevas exigencias de control y trazabilidad con la capacidad real de los productores para cumplir los plazos en condiciones normales de trabajo. La organización subraya que las medidas restrictivas sobre la PAC no deben trasladar al agricultor la responsabilidad por fallos del sistema o por requisitos que aumentan la complejidad burocrática sin ofrecer recursos adicionales. En las próximas semanas, la expectativa es que la Xunta responda a la solicitud y defina si modifica la orden administrativa vigente o implementa medidas transitorias.
A futuro, el sector reclama protocolos claros para introducción de cambios normativos que afecten a plazos y documentación, acompañados de periodos de adaptación, campañas informativas y refuerzo del soporte técnico. Solo así, concluyen en Unións Agrarias, se podrá garantizar que las ayudas de la PAC cumplan su función de sostén al tejido agrario sin castigar a los productores por problemas de gestión o por la adopción de nuevas exigencias de control.
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