Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, reclama una Política Agraria Común (PAC) fuerte y con recursos suficientes que garantice el relevo generacional y la continuidad del campo valenciano en 2026 y en los años venideros. Barrachina plantea que la redacción final de la PAC debe reconocer las singularidades de la agricultura mediterránea —especialmente la gestión del agua, la fragmentación de explotaciones y la exposición a fenómenos climáticos extremos— y dotarse de instrumentos reales que eviten el abandono de tierras y mejoren la competitividad de las explotaciones. El conseller recuerda que la defensa del medio rural y de quienes producen alimentos es una prioridad para la Generalitat y exige que las políticas europeas se diseñen con sensibilidad territorial y presupuestos estables para su implementación efectiva.
Medidas para el relevo generacional
La Generalitat ha impulsado programas de incorporación que han beneficiado a cientos de jóvenes y nuevos agricultores, con ayudas que superan los 27 millones de euros en volumen de convocatorias y un importe medio por expediente que facilita la inversión inicial en maquinaria y modernización. Barrachina subraya que el relevo generacional es una política estratégica porque permite modernizar explotaciones, introducir tecnologías de agricultura de precisión y consolidar modelos productivos sostenibles; por ello reclama que la PAC incluya líneas específicas de acceso a crédito, formación técnica y ayuda para la digitalización. Entre las medidas concretas propuestas figuran incentivos para el acceso a tierra y arrendamientos, subvenciones para la compra de equipos de riego eficiente y paquetes de acompañamiento que combinen subvención, asesoría técnica y formación práctica en gestión empresarial agrícola.
El impacto directo de esas incorporaciones se aprecia en superficie productiva: las incorporaciones recientes han implicado la puesta en cultivo o la recuperación de miles de hectáreas entre cultivos y pastos, contribuyendo a reforzar la estructura económica rural y a mantener empleos en el territorio. La Generalitat conecta estas actuaciones con políticas de desarrollo rural que buscan agregar valor en origen, mejorar la logística y promover la asociatividad para reducir costes y abrir mercados. A corto y medio plazo, la administración autonómica prevé concentrar recursos en proyectos que aumenten la resiliencia frente a sequías y episodios extremos, priorizando inversiones en infraestructuras de riego sostenible y en prácticas agrícolas que mejoren la salud del suelo.
Igualdad de trato y cláusulas espejo
En el plano comercial, Barrachina exige que los acuerdos con terceros países incluyan cláusulas espejo que obliguen a los productos importados a cumplir los mismos requisitos fitosanitarios, ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen en la Unión Europea. La Generalitat defiende que la ausencia de estas cláusulas genera competencia desleal y erosiona la rentabilidad de las explotaciones valencianas, por lo que reclama controles en origen y una mayor coordinación fitosanitaria europea para prevenir la entrada de plagas y enfermedades ausentes en la UE. Según la Conselleria, garantizar la equidad en condiciones de producción y control sanitario es condición necesaria para que los agricultores europeos compitan en igualdad de condiciones en los mercados globales.
Barrachina ha rechazado también propuestas que plantean la renacionalización de la PAC o la exclusión de personas jubiladas de las ayudas, y ha advertido que recortes significativos en el presupuesto podrían provocar pérdidas económicas relevantes para el sector y el abandono de superficie cultivada. En concreto, la Generalitat alerta de que un recorte cercano al 23% combinado con cambios restrictivos en los beneficiarios podría traducirse en pérdidas millonarias para la comunidad agraria, reducción de beneficiarios y riesgo de abandono de tierras que hoy generan renta y empleo.
De cara al futuro, la Conselleria vincula la defensa de una PAC equilibrada a la necesidad de orientar las ayudas hacia la sostenibilidad productiva: incentivar prácticas de ahorro hídrico, fomentar cultivos más adaptados al clima mediterráneo, acelerar la adopción de tecnologías como sensores, drones y herramientas de gestión de datos, y apoyar cadenas de valor cortas que mejoren la remuneración del productor. La Generalitat se compromete a llevar estas propuestas ante las instituciones europeas y a mantener líneas de apoyo autonómico que faciliten la transición de las explotaciones valencianas hacia modelos más resilientes y competitivos en el mercado global.
En resumen, la petición de la Generalitat combina demandas financieras —presupuesto europeo estable y suficiente— con exigencias regulatorias —cláusulas espejo y controles fitosanitarios en origen— y políticas concretas de acompañamiento al relevo generacional; la intención declarada por la administración autonómica es mantener y ampliar estas medidas en 2026 para asegurar el porvenir del campo valenciano y la viabilidad de las explotaciones familiares y profesionales.
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