UPA Huelva acusa a la gran distribución de vender la fresa a pérdidas y de una "especulación intolerable", según su secretario general Manuel Piedra, que denuncia el impacto directo sobre los agricultores durante la campaña. La organización mantiene que esta práctica comercial desvirtúa el mercado y empuja a los productores a asumir costes que no recuperan en origen. UPA advierte que la situación pone en riesgo la viabilidad de explotaciones y jornales vinculados al cultivo de la fresa en la provincia.
Según Manuel Piedra, la práctica más extendida es utilizar la fresa como producto reclamo en campañas publicitarias, fijando un precio en lineal muy bajo para atraer clientes a la tienda; por ejemplo, la tarrina anunciada a 0,99 € en supermercados es citada como caso paradigmático. Esa estrategia, indican desde UPA, busca impulsar ventas de otros artículos pero provoca una distorsión del precio que el agricultor recibe en origen. La organización subraya que la publicidad que se emite en estos momentos fomenta expectativas de precio que no se trasladan a la cadena primaria.
UPA sostiene que el agricultor llega a percibir importes inferiores a los costes de producción: se menciona que la tarrina se paga a los productores por debajo de 0,50 €, mientras el minorista la ofrece por debajo del euro. Esa diferencia implica pérdidas reales porque la recogida, el transporte, el envasado y la mano de obra siguen siendo coste para el productor. La organización añade que incluso mejoras en la presentación o envases destinados a aumentar la venta son asumidos por el agricultor, sin que ello se refleje en su precio de venta en origen.
La organización denuncia además un margen comercial que considera "desproporcionado": más del 400 % del valor del producto, según las estimaciones que UPA está recabando, una cifra que atribuyen a prácticas de distribución que se apropian de gran parte del valor añadido. Desde el punto de vista jurídico, UPA recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe expresamente la venta a pérdidas en el eslabón primario y anuncia que trasladará toda la información recabada a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que investigue posibles infracciones.
Como respuesta, la organización agraria reclama una actuación efectiva de los órganos de control y exige transparencia en los márgenes y en la formación de precios a lo largo de la cadena. UPA pide a la distribución que deje de usar productos agrícolas como reclamo cuando ello genera precios que obligan a los productores a vender por debajo de sus costes y exige sanciones en caso de comprobación de venta a pérdida. La entidad también advierte sobre las consecuencias a medio plazo: pérdida de explotaciones, reducción de empleo en campaña y riesgo sobre la sostenibilidad de la oferta de fresa local.
De cara al futuro, UPA plantea medidas y alternativas para mejorar la posición del productor y prevenir prácticas depredadoras en el mercado: mayor trazabilidad y transparencia de márgenes, contratos escritos que garanticen precios mínimos, fortalecimiento de cooperativas y canales cortos de comercialización, y uso de plataformas digitales para venta directa al consumidor. Entre las tecnologías propuestas figuran herramientas de trazabilidad que permitan demostrar costes y origen, y soluciones de comercio electrónico que reduzcan intermediarios, así como campañas de comunicación que valoren la calidad y el origen local frente al precio reclamo.
El caso plantea preguntas sobre regulaciones y vigilancia del mercado en 2026 y sobre cómo compatibilizar estrategias comerciales de la distribución con la sostenibilidad del sector agrícola. UPA advierte que seguirá recabando documentación y espera que AICA actúe con agilidad; al mismo tiempo, llama a un diálogo entre administraciones, organizaciones agrarias y distribuidores para establecer reglas que eviten que el despliegue comercial comprometa la supervivencia de miles de explotaciones.
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