Según Emiliano García-Page, presidente de Castilla‑La Mancha, la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea contiene «recortes obscenos» que, en su opinión, ponen en riesgo la seguridad alimentaria y dificultan la llegada de jóvenes al sector agrario. El presidente regional sitúa el relevo generacional como uno de los principales problemas estructurales del campo y reclama un cambio de rumbo que priorice apoyos directos y medidas específicas para la incorporación de nuevos productores. En su intervención, Page advirtió de que una PAC con menos apoyo económico y más rigidez administrativa puede debilitar la capacidad productiva nacional y aumentar la dependencia exterior de alimentos básicos.
Page denunció que la propuesta incorpora recortes 'obscenos' que atentan contra la seguridad alimentaria. La crítica se centra en la percepción de que la reforma reduce instrumentos de ayuda directa y limita recursos orientados al desarrollo rural, lo que, según la Comunidad Autónoma, tendrá efectos sobre la renta de las explotaciones, la inversión en modernización y la respuesta a riesgos climáticos. Castilla‑La Mancha insiste en que cualquier ajuste presupuestario debe ir acompañado de criterios que preserven la producción sostenible y la capacidad de abastecimiento interno.
La región propone destinar el 10% de los fondos de la PAC a la incorporación de jóvenes. Ese paquete económico, según el Ejecutivo autonómico, se orientaría a medidas concretas: subvenciones a la compra o alquiler de explotaciones, líneas de crédito con condiciones favorables para primeras instalaciones, programas de formación dual y asesoramiento técnico, y incentivos fiscales temporales para jóvenes agricultores. El objetivo declarado es reducir las barreras iniciales —acceso a tierra, capital y mercado— que impiden que menores de 40 años se establezcan de forma rentable y sostenible.
El relevo generacional aparece como prioridad para garantizar la viabilidad del campo. Castilla‑La Mancha marca además una agenda de acompañamiento que incluye la promoción de modelos asociativos y cooperativos para mejorar la economía de escala, el apoyo a la incorporación de tecnologías que reduzcan la carga laboral y la creación de ventanillas administrativas únicas que simplifiquen el acceso a ayudas. Como ejemplos operativos, el ejecutivo regional plantea programas pilotos enfocados en jóvenes viticultores, hortofruticultores y explotaciones sostenibles que combinen producción y agregación de valor mediante transformación local y canales cortos de comercialización.
En materia tecnológica y productiva, la propuesta regional prioriza inversiones que aumenten la competitividad y la resiliencia climática: riegos de precisión y modernización de redes de agua, sistemas de agricultura de precisión que reduzcan costes de insumos, energías renovables para autoconsumo en explotaciones, y digitalización de la gestión (gestión documental, control remoto de equipos y trazabilidad). Castilla‑La Mancha argumenta que estas actuaciones no solo elevan la productividad sino que también hacen más atractivo el trabajo agrario para las nuevas generaciones, al combinar conocimiento técnico con oportunidades empresariales.
El Ejecutivo autonómico vincula de forma directa los recortes en la PAC con riesgos en la seguridad alimentaria: menor capacidad de inversión y caída de rentas pueden traducirse en menos superficie activa y pérdida de cultivos estratégicos. Esa relación de causa y efecto se concreta, según las autoridades regionales, en una menor capacidad para mantener reservas productivas frente a sequías o crisis de precios, y en un debilitamiento de las cadenas locales de suministro que sostienen mercados domésticos. Por ello reclaman criterios de impacto que permitan evaluar cómo afectan los recortes a indicadores clave: porcentaje de agricultores menores de 40 años, variación de renta agrícola por explotación, superficie útil cultivada y estabilidad de rendimientos en cultivos esenciales.
En el plano institucional, Castilla‑La Mancha ha anunciado que presentará propuestas formales al Gobierno de España y participará en los foros regionales y europeos para negociar la redacción final de la PAC. La estrategia incluye articular alianzas con otras comunidades que comparten preocupaciones semejantes, impulsar enmiendas que blinden partidas para relevo generacional y promover mecanismos de cofinanciación que faciliten la ejecución rápida de programas. Además, el Gobierno regional defenderá simplificaciones administrativas para acelerar la llegada de ayudas a explotaciones que inicien actividad en los próximos tres años.
La comunidad plantea también indicadores de seguimiento y evaluación para asegurar que las medidas de incorporación tienen efecto: metas de implantación de jóvenes por distrito agrario, número de explotaciones modernizadas con apoyo público, reducción de costes operativos por hectárea y porcentaje de proyectos jóvenes que alcanzan viabilidad económica tras dos campañas. Estas métricas servirían, según la propuesta, para reorientar fondos y ajustar medidas en tiempo real y evitar desviaciones que perjudiquen a las explotaciones familiares.
En síntesis, la posición de Castilla‑La Mancha es clara: pide que la PAC se reconfigure para garantizar producción y relevo generacional, con instrumentos financieros específicos y medidas de modernización que atraigan a jóvenes. El Ejecutivo regional espera que en los próximos meses las negociaciones europeas y nacionales permitan introducir en la versión final de la PAC elementos que mantengan la soberanía alimentaria, fortalezcan la renta agraria y faciliten la instalación de una nueva generación de agricultores y ganaderos en el territorio.
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