Seis organizaciones agrarias de Extremadura han denunciado en 2026 la situación crítica del cultivo del arroz en la región, afectado por la entrada masiva de producto importado y por impagos que dejan a los productores sin liquidez. ASAJA Extremadura, La Unión, UPA-UCE, la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, ASEPREX y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca reclaman una respuesta administrativa y comercial urgente para evitar el abandono del cultivo.
Los denunciantes señalan que el arroz importado llega al mercado comunitario con costes y condiciones de producción muy inferiores a los exigidos a los agricultores europeos, lo que ha generado una caída de precios en origen que pone en riesgo la rentabilidad. La entrada de producto procedente de terceros países sin exigencia efectiva de las mismas normas sociales y ambientales se identifica como la causa principal de la competencia desleal que sufren los arroceros extremeños.
El sector también advierte de una grave restricción de liquidez que complica la continuidad de las explotaciones durante la campaña de siembra 2026: los productores afrontan los costes de preparación y siembra mientras persisten pagos pendientes por operaciones comerciales y contratos anteriores. Los agricultores sostienen que esta falta de cobro es una 'estocada final' para muchas familias dedicadas al arroz, porque incrementa el riesgo financiero justo en la fase de inversión del nuevo ciclo productivo.
Demandas a Madrid y Bruselas
Activación inmediata de una cláusula de salvaguarda para limitar temporalmente las importaciones que dañen el mercado interior y permitan estabilizar precios locales. 2. Implantación de cláusulas espejo que obliguen a que los granos importados cumplan requisitos sociales y ambientales equivalentes a la normativa europea, para garantizar competencia leal. 3. Etiquetado claro y verificable del origen que impida mezclas engañosas y permita al consumidor identificar la procedencia del arroz en envasado y venta a granel. 4. Revisión de aranceles y de medidas comerciales para compensar la desventaja frente a países con costes de producción muy inferiores y condiciones regulatorias distintas.
Las organizaciones explican que estas medidas combinadas buscan restaurar precios sostenibles, recuperar liquidez en las explotaciones y dar tiempo al sector para reajustar procesos productivos. En paralelo, proponen alternativas y herramientas para fortalecer la competitividad a medio plazo, como la promoción de canales cortos de venta, la diferenciación por calidad o denominaciones de origen y medidas de apoyo financiero temporales.
Entre las propuestas de futuro, el sector plantea impulsar la trazabilidad digital del arroz y sistemas de etiquetado con tecnologías verificables (por ejemplo, QR con registro de origen) para aumentar la transparencia en la cadena de suministro, así como la adopción de técnicas de agricultura de precisión que reduzcan costes de cultivo y consumo de insumos. También se plantea explorar modelos de agregación y comercialización colectiva para mejorar el poder de negociación frente a compradores y minimizar riesgos de impago.
El mensaje de los arroceros es claro: sin actuación coordinada de las autoridades nacionales y europeas, combinada con medidas de modernización y apoyo financiero, el cultivo del arroz en Extremadura corre el riesgo de disminuir de forma significativa en los próximos ciclos productivos. El sector espera respuestas concretas de Madrid y Bruselas en las próximas semanas y advierte que la ausencia de medidas podría acelerar decisiones de abandono o reconversión de superficie hacia otros cultivos o usos.
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