El Ministerio de Agricultura convocará en las próximas semanas grupos de trabajo con las comunidades autónomas para definir el plan nacional que aplicará la PAC durante el periodo 2028-2034, una hoja de ruta condicionada por el acuerdo que alcancen las instituciones europeas sobre el Marco Financiero Plurianual. Esta fase preparatoria busca traducir las orientaciones comunitarias en medidas concretas a nivel nacional y regional y marcará las prioridades de financiación y condicionalidad para el próximo ciclo de la PAC.
En el encuentro del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios, las comunidades autónomas expusieron demandas diferenciadas que reflejan estructuras agrarias y retos territoriales diversos. Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Galicia articulan posiciones que ponen de manifiesto la tensión entre criterios de armonización europea y la necesidad de medidas adaptadas a realidades locales.
El Gobierno regional de Castilla y León defendió la oposición a aplicar mecanismos de degressividad que reduzcan ayudas a las explotaciones más dimensionadas, argumentando que su modelo agrario profesional, con medias de explotación superiores, podría verse perjudicado. La consejera señaló que la profesionalización y escala productiva en la comunidad generan eficiencia y empleo, de modo que recortes ligados a fórmulas de reparto podrían tener efectos negativos sobre la viabilidad y competitividad de esas explotaciones. Además, Castilla y León insistió en la conveniencia de normas comunes en la UE que garanticen igualdad de acceso a las ayudas directas, para evitar distorsiones entre Estados y regiones.
La Comunitat Valenciana planteó demandas concretas derivadas de su estructura minifundista y su especial exposición a incendios forestales y sequía, reclamando el mantenimiento de ayudas para agricultores jubilados que siguen activos en explotaciones familiares como forma de sostener el relevo y la viabilidad del minifundio. Asimismo solicitó refuerzo del apoyo a regadío moderno y sostenible, la creación de ayudas directas para «cortafuegos agrícolas» —es decir, incentivos a cultivos y labores en linderos para prevención de incendios y recuperación de suelos abandonados— y subvenciones específicas para el pastoreo extensivo en zonas forestales y pastos arbolados que hoy carecen de financiación dentro de la PAC. Estas demandas enlazan la prevención de riesgos y la gestión del territorio con políticas de rentas para explotaciones de pequeña escala.
Por su parte, Galicia reclamó mayor autonomía regional en la gestión y planificación de fondos europeos para adaptar las medidas a la heterogeneidad territorial y productiva de su territorio. Entre sus prioridades figura evitar recortes en la financiación, mantener los tradicionales dos pilares de la PAC —pagos directos y desarrollo rural— y aumentar apoyos dirigidos al relevo generacional, a explotaciones de producción mixta y a las localizadas en Zonas con Limitaciones Naturales, donde los costes y las restricciones hacen necesaria una atención diferencial.
Las posiciones expresadas anticipan un proceso negociador en el que el Ministerio deberá conciliar demandas de uniformidad y control con solicitudes de flexibilidad y gestión regional. Si el Marco Financiero Plurianual se acuerda a escala europea, el plan nacional deberá articular criterios de distribución de fondos, sistemas de condicionalidad ambiental y mecanismos de focalización que respondan a los riesgos identificados por las comunidades —incendios, sequía, abandono de tierras— y a la diversidad de modelos productivos.
A nivel práctico, las demandas regionales se traducen en propuestas concretas que los grupos de trabajo abordarán: definición de topes y reglas para ayudas directas, fórmulas de compensación para zonas con limitaciones naturales, instrumentos de apoyo al regadío eficiente y paquetes de incentivos para prácticas preventivas contra incendios (por ejemplo, líneas de ayuda para cultivos en lindes y contratos de pastoreo). La negociación tendrá que evaluar efectos causa-efecto, como la potencial pérdida de renta por la aplicación de degressividad o el impacto de subvenciones al regadío en la sostenibilidad hídrica.
Los siguientes pasos incluyen la convocatoria de mesas técnicas temáticas, participación de organizaciones agrarias y autoridades autonómicas, y la elaboración de propuestas técnicas y financieras que el Ministerio integrará en el borrador del plan nacional. El cronograma dependerá del ritmo de ratificación europea del marco financiero, pero la agenda común ya apunta a priorizar medidas que combinen apoyo a la renta, gestión del riesgo y adaptación territorial con instrumentos para el relevo generacional y la modernización del sector.
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