Según Santiago Miguel, presidente de Vitartis, la soberanía alimentaria debe situarse en 2026 como una prioridad estratégica para garantizar la estabilidad y resiliencia del sistema agroalimentario español. Miguel advierte que la combinación de incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados internacionales obliga a diseñar políticas públicas que reduzcan la dependencia de materias primas importadas y favorezcan la producción nacional en toda la cadena de valor. Vitartis pone la soberanía alimentaria como eje central de su IV Congreso y pide medidas públicas y privadas coordinadas.
La organización quiere trasladar al debate público propuestas concretas: incentivos a la producción local de materias primas industriales, mecanismos de apoyo a la inversión en transformación y almacenamiento, y marcos regulatorios que impulsen la trazabilidad digital y la eficiencia energética en las plantas alimentarias. Como efecto directo, Vitartis indica que estas medidas pueden disminuir la exposición del sector a picos de precios y roturas de suministros, al tiempo que fortalecen la capacidad exportadora sostenible de las empresas.
El IV Congreso de la Industria Alimentaria se celebrará en Segovia con un programa de 4 ponencias, 7 mesas redondas y más de 30 especialistas, donde participarán directivos de empresas, expertos técnicos y representantes institucionales para debatir soluciones aplicables en 2026 y los próximos años. Entre los temas previstos figuran la modernización de la cadena agroalimentaria, políticas de formación para retener talento, estrategias de sostenibilidad y modelos de gobernanza público-privada.
En el bloque energético, Vitartis plantea actuaciones concretas: promover proyectos de autoconsumo renovable en parques industriales, fomentar la electrificación de procesos térmicos cuando sea viable y desplegar medidas de eficiencia energética que reduzcan costes industriales. La relación causa-efecto que defiende la organización es clara: mayor eficiencia y renovables integradas en la industria reducen la vulnerabilidad ante subidas de precios de combustibles y mejoran la competitividad exportadora.
Las mesas también abordarán la digitalización y la innovación tecnológica como palancas para la soberanía: trazabilidad de materia prima mediante blockchain, automatización y robótica en líneas de procesado para aumentar la productividad, y herramientas de agricultura de precisión que mejoren la disponibilidad de insumos locales. Vitartis señala que la adopción tecnológica facilita la verificación de origen y calidad, elemento clave para reducir la dependencia de insumos foráneos.
Participarán en los debates representantes de empresas del sector para aportar casos prácticos sobre inversiones y adaptaciones operativas, incluyendo compañías de elaboración, envasado y distribución. La organización espera que el intercambio entre industria y administraciones derive en hojas de ruta consensuadas con plazos e indicadores medibles que permitan monitorizar avances hacia la soberanía alimentaria.
Vitartis insiste en que la soberanía no es autarquía sino capacidad de gestión: reforzar la producción local y las cadenas de valor implica políticas de apoyo a la inversión, formación de capital humano y marcos de cooperación público-privada que garanticen seguridad, calidad y sostenibilidad alimentaria. La organización reclama marcos estables de incentivo y formación para asegurar la competitividad del sector en los próximos años.
En materia de talento, el congreso dará especial protagonismo a estrategias para atraer y retener profesionales cualificados, desde formación dual hasta planes de actualización tecnológica. Vitartis propone indicadores de seguimiento como tasa de reposición de especialistas, número de contratos formativos y participación empresarial en programas de capacitación, con el objetivo de medir el impacto de las políticas en la competitividad.
Finalmente, el encuentro servirá para concretar prioridades legislativas y de financiación que permitan traducir los debates en proyectos. Vitartis plantea una agenda de trabajo que incluya la definición de objetivos cuantificables a corto y medio plazo, mecanismos de cofinanciación pública-privada y la creación de observatorios regionales para evaluar avances en soberanía, energía y digitalización. El objetivo es situar a Castilla y León y a España en una posición de mayor resiliencia alimentaria dentro del mercado europeo de la próxima década.
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