Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo, se reunirá próximamente con el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, para impulsar la regularización de personas inmigrantes que vayan a trabajar en el sector agrario. La organización subraya que esa regularización busca garantizar la disponibilidad de mano de obra para campañas estacionales y mejorar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social en las explotaciones agrícolas.
Asaja planteará que la tarjeta de residencia y trabajo incluya el sector agrario como dato específico, con el objetivo de facilitar la movilidad y la contratación dirigida hacia campañas de recolección, poda y plantación. La propuesta persigue además que las administraciones puedan controlar mejor los flujos de mano de obra y coordinar permisos temporales vinculados a las demandas productivas del territorio.
El sindicato recuerda que las campañas de frutas, hortalizas y otras labores estacionales requieren plantillas flexibles y que la ausencia de vías legales ágiles favorece la contratación irregular. Como efecto directo, la falta de regulación estable deriva en costes añadidos para las explotaciones, dificultades para planificar plantillas y riesgos de precariedad laboral; regularizar a los trabajadores permitiría reducir estas distorsiones y mejorar la trazabilidad laboral en el campo.
En la reunión se abordarán propuestas concretas que Asaja considera necesarias para adaptar la regulación a la realidad agraria: mayor coordinación entre empleadores y administraciones para identificar necesidades puntuales de mano de obra, fórmulas de permisos temporales vinculados a campañas y formación específica para los trabajadores incorporados. Estas iniciativas se plantean como medidas de corto y medio plazo destinadas a cubrir picos de demanda sin comprometer los derechos laborales.
Las explotaciones agrícolas, según Asaja, obtendrían beneficios directos si el proceso de regularización se acompaña de mecanismos simplificados de contratación y alta en la Seguridad Social, así como de programas de capacitación ocupacional. Un flujo de trabajadores regular facilitaría el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, control sanitario y trazabilidad de las labores agrícolas, lo que repercute directamente en la calidad del producto y en la seguridad del trabajo.
Corroto ha señalado que "es un problema que tenemos en el campo y lo que queremos es que se hagan las cosas bien"; su posición enfatiza la búsqueda de soluciones prácticas que conecten oferta y demanda laboral en el sector. La interlocución con el subdelegado se plantea como el primer paso para trasladar al Gobierno provincial propuestas técnicas y administrativas orientadas a la contratación legal, con énfasis en la agilidad de los trámites y la protección de los derechos de los trabajadores.
Entre los retos que identifica Asaja están la necesidad de coordinar a diferentes administraciones —locales, provinciales y estatales—, la compatibilidad de permisos con las exigencias de estacionalidad y la prevención de fraudes laborales. La organización also apuesta por un acompañamiento formativo y por garantizar que cualquier modalidad de permiso temporal vaya acompañada de las altas y cotizaciones correspondientes para evitar la economía sumergida.
Tras la reunión con la subdelegación, Asaja prevé elevar las propuestas a instancias autonómicas y nacionales para buscar fórmulas estandarizadas aplicables en otras provincias con perfiles productivos similares. El objetivo último es que la agricultura local pueda disponer de una mano de obra estable, legal y preparada, que contribuya a la sostenibilidad económica de las explotaciones y a la seguridad jurídica del sector.
En el contexto del debate sobre empleo y migración en 2026, las demandas de organizaciones agrarias como Asaja plantean un enfoque centrado en soluciones administrativas y laborales que atiendan tanto la necesidad productiva como la protección social de las personas trabajadoras. La propuesta de incluir el sector en la tarjeta de residencia y trabajo se perfila como una medida técnica destinada a reducir irregularidades, mejorar la planificación de campañas y facilitar controles administrativos.
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