La Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria de Asturias ha denegado 790 solicitudes de ayudas de montaña, según la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La convocatoria recibió un total de 5.219 solicitudes y la administración regional ha aclarado que las subvenciones se destinan exclusivamente a quienes acrediten ser agricultores a título principal. La decisión ha generado debate político y consultas entre solicitantes que no superaron la evaluación documental.
Requisitos clave y motivos de denegación
Según la Dirección General, la causa mayoritaria de denegación fue la falta de acreditación como agricultor no pluriactivo: es decir, no acreditar que al menos el 50% de la renta procede de la actividad agraria y que se cotiza por dicha actividad. Además de esa condición, la resolución contempla otros criterios mínimos que han motivado rechazos, como no alcanzar la carga ganadera exigida por especie o no disponer del mínimo de superficie exigida, fijado en la convocatoria en al menos dos hectáreas para determinados aprovechamientos.
La administración ha reiterado que estos requisitos figuran en la normativa reguladora aplicable a las ayudas de montaña y que su cumplimiento es condición para ser considerado agricultor a título principal y, por tanto, perceptor de la ayuda. En la práctica, la falta de documentación fiscal o de cotización, la presentación de datos inconsistentes sobre la explotación y la insuficiente superficie o censo ganadero han sido motivos directos de exclusión durante el proceso de instrucción.
La resolución publicada incluye el detalle de denegaciones por expediente y abre la posibilidad de recurso administrativo para quienes consideren que su caso no ha sido valorado correctamente. Desde la Consejería se defiende que aplicar la normativa estrictamente garantiza la correcta focalización de los recursos públicos hacia quienes desarrollan la actividad agraria como actividad principal en zonas de montaña, donde las ayudas buscan compensar desventajas estructurales y mantener la actividad productiva y el paisaje rural.
Las reacciones políticas y sectoriales han sido diversas: grupos que representan a explotaciones de montaña han pedido más información y asesoramiento previo a futuras convocatorias, mientras que partidos de la oposición han cuestionado la comunicación y los criterios, reclamando mayor transparencia en los expedientes. La Dirección General, por su parte, ha subrayado que el cumplimiento de la normativa es la única base jurídica para la concesión de ayudas y que las comprobaciones administrativas pretenden evitar adjudicaciones indebidas.
Impactos y recomendaciones para solicitantes futuros
A corto y medio plazo, esta resolución obliga a técnicos y agricultores a reforzar la documentación que acredita la actividad agraria y la cotización ante la Seguridad Social. Para aspirar a estas ayudas, los solicitantes deberán preparar declaraciones de renta, justificantes de cotización, registros de explotación y acreditaciones de carga ganadera y superficie de forma clara y verificable. La experiencia de la convocatoria 2026 indica que la correcta tramitación documental es determinante: errores o deficiencias formales han producido denegaciones incluso en explotaciones que, en la práctica, desarrollan actividad en montaña.
En términos generales, la medida recalca la necesidad de combinar controles administrativos con programas de apoyo y asesoramiento técnico y fiscal para evitar que solicitantes válidos queden fuera por fallos formales. A futuro, la focalización de las ayudas en quienes acrediten la renta agraria y la cotización puede incidir en la estructura de ocupación rural en zonas de montaña, favoreciendo explotaciones con mayor dedicación profesional y, a la vez, planteando retos de acceso para profesionales con actividades complementarias. La resolución y sus efectos marcan el pulso de las próximas convocatorias y la gestión de las ayudas regionales en 2026.
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