Según el fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino, el número de condenas por incendios forestales se mantiene en niveles reducidos (86) debido a las dificultades para obtener pruebas concluyentes en el medio natural. Rufino ha señalado que la percepción de impunidad se alimenta de la dificultad técnica y logística para identificar y vincular a los autores con indicios sólidos que resistan un proceso penal. 86 condenas es la cifra que el fiscal ha destacado como síntesis de un problema de eficacia probatoria, no de falta de interés por parte de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. El mensaje subraya que la respuesta judicial debe articularse con medidas técnicas y de gestión territorial para mejorar la trazabilidad de los delitos ambientales.
Dificultades probatorias e investigación
Rufino ha explicado que en incendios intencionados se exige un nivel muy alto de indicios para decretar medidas cautelares como la prisión provisional, porque la adopción de esa medida requiere una elevada certeza de condena. La investigación se complica por escenarios de gran extensión, puntos de origen que quedan destruidos por el propio incendio y la dispersión o pérdida de pruebas físicas; en consecuencia, la identificación del autor no es inmediata ni sencilla. La dificultad para asegurar pruebas en un medio natural inmenso condiciona la eficacia penal y obliga a potenciar técnicas forenses, cadenas de custodia y coordinación entre cuerpos científicos y policiales.
En la misma jornada en la que Rufino habló, agentes del Seprona han vinculado la gravedad de los incendios a cambios territoriales: el abandono de actividades tradicionales y la acumulación de biomasa sin gestionar incrementan la frecuencia y la intensidad de los siniestros. Según estos expertos, la desaparición de pastos y la reducción de pastoreo extensivo han provocado una mayor carga de combustible en el monte, lo que aumenta la propagación y dificulta la extinción.
Prevención, tecnología y gestión del monte
Como respuesta, las autoridades y técnicos proponen combinar tres líneas: mejorar la investigación judicial con tecnología, fortalecer la gestión preventiva del territorio y reactivar actividades que reducen acumulaciones de combustible. En el apartado tecnológico se plantea un despliegue mayor de drones con cámaras térmicas para detección temprana y registro de imágenes, satélites y teledetección para localizar focos y modelos de inteligencia artificial que analicen patrones de ignición y comportamiento del fuego. Estos sistemas facilitan la identificación del punto de inicio y generan pruebas digitales útiles para la cadena penal.
También se recomienda implantar redes de sensores en puntos estratégicos —estaciones meteorológicas locales, detectores de humo y cámaras fijas— que integren datos en tiempo real con los servicios de extinción y las unidades de investigación. La aplicación de técnicas forenses sobre restos en el perímetro de ignición, análisis químico de acelerantes y geolocalización cruzada de móviles e imágenes aumentan las posibilidades de atribución cuando se realizan con protocolos estandarizados.
Gestión del territorio y reactivación del pastoreo
El fiscal ha pedido además que las indemnizaciones judiciales reflejen no solo daños a bienes y servicios públicos, sino también pérdidas en valores ambientales y recursos hídricos: caudales, calidad de acuíferos y costes de abastecimiento y lucha contra incendios. En paralelo, se reclama una política clara de prevención municipal que incluya planes de defensa del monte frente al fuego, desbroces controlados, cortafuegos y diseño de franjas agroforestales.
La recuperación del pastoreo extensivo —especialmente ovino y caprino— aparece como una medida de gestión con doble efecto: reduce la carga de combustible y aporta actividad económica local. Rufino y técnicos del Seprona han subrayado que incentivar la ganadería extensiva mediante ayudas, contratos de gestión de combustible y formación puede ser una herramienta preventiva eficaz que también favorezca el desarrollo rural.
Medidas administrativas y coordinación institucional
Para mejorar la investigación penal se plantea un paquete de medidas administrativas: formación específica para fiscales y jueces en delitos ambientales, protocolos comunes de actuación entre Seprona, policías autonómicas y brigadas forestales, y unidades mixtas que unifiquen peritajes ambientales. La financiación dirigida a garantizar la cadena de custodia de pruebas tecnológicas y la creación de laboratorios regionales de análisis forense ambiental son propuestas concretas que podrían acelerar procesos.
Perspectivas y planes futuros
A corto y medio plazo, las prioridades marcadas por los expertos son implementar sensores y plataformas de datos compartidos, generalizar planes municipales de prevención y diseñar incentivos para la gestión activa del monte mediante pastoreo, aprovechamientos sostenibles y labores silvícolas. A nivel judicial, la estandarización de peritajes ambientales y la incorporación de pruebas digitales con certificación técnica aspiran a reducir la distancia entre sospecha y condena.
Rufino cerró su intervención recordando que la frustración ciudadana ante la sensación de impunidad debe canalizarse hacia proyectos que mejoren la prevención y la investigación, porque solo con una estrategia integral —tecnológica, administrativa y de gestión del territorio— será posible aumentar la eficacia penal y reducir los incendios. El abandono rural y la acumulación de masa forestal sin gestionar son factores causales claros que obligan a políticas que integren justicia ambiental, innovación tecnológica y reactivación de la ganadería extensiva.
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