Una encuesta de LA UNIÓ revela que el sistema de contratación de doble potencia eléctrica para regadío no está operativo en la práctica en la Comunitat Valenciana. La encuesta ha contado con la participación de 54 comunidades de regantes y grandes explotaciones, y sus respuestas muestran una brecha entre la normativa vigente y la oferta real del mercado. El estudio se enmarca en el proyecto ParticipAGRO con apoyo de la Generalitat Valenciana y plantea la necesidad de medidas concretas para traducir la posibilidad normativa en soluciones técnicas y comerciales accesibles.
Los encuestados describen la figura de la doble potencia como una herramienta necesaria para adaptar el suministro a la estacionalidad del riego, pero difícil de implantar por falta de productos comerciales estandarizados. Sólo el 33% de los participantes declara disponer de algún sistema que permitiría variar la potencia, y en muchos casos se trata de soluciones aisladas, complejas o de aplicación limitada a instalaciones concretas. El resto, un 67%, no tiene acceso a esta modalidad y denuncia costes adicionales por tener que contratar potencias elevadas durante todo el año.
El sondeo también detecta consenso en torno a la carencia de un marco práctico y accesible: el 100% de los participantes coincide en que no existe un sistema claro, permanente y generalizable que facilite la contratación de dos potencias según la temporada. Entre las dificultades operativas señaladas figuran la falta de respuesta o la recepción de propuestas ambiguas por parte de las comercializadoras, además de contratos complejos que obligan a recurrir a asesoramiento externo. La mitad de los encuestados afirma no haber recibido ninguna propuesta por parte de su suministrador.
Ese desajuste entre normativa y práctica se explica, según los regantes, por la ausencia de productos tarifarios y contractuales estandarizados, así como por la falta de procesos automáticos y lecturas telemétricas que permitan cambiar potencias de forma sencilla. La consecuencia directa es un incremento de costes de explotación: comunidades y explotaciones se ven forzadas a mantener potencias contratadas superiores a la demanda real fuera de la campaña de riego, lo que penaliza la competitividad del sector. Además, la complejidad contractual dificulta la planificación de inversiones en eficiencia energética y en tecnologías renovables vinculadas al regadío.
Ante esta situación, LA UNIÓ reclama que la previsión recogida en el Real Decreto 88/2026 se traduzca en medidas concretas y plazos claros para su implantación en el mercado. Entre las propuestas que plantea la organización están la creación de una tarifa específica para regadío que permita ajustar la potencia a la demanda estacional, la elaboración de modelos contractuales estandarizados y la obligación de las comercializadoras de ofrecer soluciones claras y verificables. También se demanda mayor coordinación entre administraciones, distribuidoras y comercializadoras para desarrollar procedimientos técnicos (medición telemétrica, conmutable de potencias, gestión remota) que permitan aplicar la doble contratación.
Para avanzar en soluciones prácticas, el artículo recoge varias vías tecnológicas y organizativas que podrían aplicarse a corto y medio plazo: instalar contadores inteligentes con capacidad para gestionar cambios de potencia automáticos, incorporar sistemas de gestión de la demanda en las comunidades de regantes, y fomentar agrupaciones de consumo que negocien condiciones homogéneas con las comercializadoras. La integración de energías renovables locales (paneles solares en balsas, instalaciones fotovoltaicas en terrenos agrícolas) combinadas con baterías y controladores podría facilitar picos de demanda sin necesidad de contratar potencias permanentes elevadas.
Los expertos consultados por LA UNIÓ subrayan que, además de soluciones técnicas, hacen falta incentivos regulatorios y transparencia comercial para que el mercado ofrezca productos viables. En este sentido, se proponen medidas de acompañamiento como pilotos territoriales en la Comunitat Valenciana que demuestren ahorros reales, modelos de contrato tipo validados por la administración y plazos de implementación por parte de las comercializadoras. La organización anuncia que trasladará los resultados de la encuesta tanto a la Generalitat como a las compañías eléctricas con el objetivo de impulsar un diálogo que culmine en un modelo operativo y replicable.
Si no se corrige la situación, los regantes advierten que la rigidez del sistema tarifario seguirá penalizando la coste-eficiencia de explotaciones que ya afrontan incertidumbre climática y presión sobre recursos hídricos. La adopción efectiva de la doble potencia puede mejorar la gestión energética estacional, reducir costes y favorecer la modernización del regadío, siempre que vaya acompañada de claridad normativa, productos comerciales estandarizados y despliegue de tecnología de medición y control. El reto inmediato para 2026 y los próximos meses será convertir la previsión legal en derechos prácticos y ofrecer al sector soluciones simples, asequibles y verificables.
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