COAG ha solicitado al Ministerio de Agricultura la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC 2026 hasta el 31 de mayo, alegando el impacto de las intensas lluvias registradas en los últimos meses que han condicionado las labores agrícolas y la tramitación administrativa. La organización reclama que el nuevo límite estatal se fije en 31 de mayo para evitar desigualdades territoriales y garantizar que todos los productores puedan completar sus solicitudes en condiciones razonables. La petición incluye además la demanda de no aplicar penalizaciones a las solicitudes presentadas con retraso justificado, medida que, según COAG, evitaría pérdidas económicas y problemas de viabilidad en numerosas explotaciones.
Argumentos de COAG
COAG fundamenta su petición en que las precipitaciones persistentes han retrasado labores esenciales como el laboreo, la preparación del suelo y la siembra, lo que dificulta completar la documentación técnica necesaria para la Solicitud Única. La organización considera que estas circunstancias constituyen un caso de fuerza mayor que justifica una respuesta administrativa flexible a nivel estatal, para que los agricultores y ganaderos no resulten penalizados por causas climáticas ajenas a su control. En su comunicación al Ministerio, COAG advierte del riesgo de desigualdad entre territorios si no se coordina una decisión común que homologue los plazos en todo el país.
Repercusiones en la gestión
Además del efecto en el calendario agronómico, COAG alerta sobre el colapso de las entidades colaboradoras y de los técnicos encargados de tramitar las solicitudes, que están registrando retrasos importantes en la gestión de expedientes por el agravamiento del estado de las parcelas. La organización señala que la acumulación de expedientes y la imposibilidad de realizar trabajos de campo están provocando un bloqueo administrativo que puede dejar fuera de plazo a muchos solicitantes, con la consiguiente pérdida de ayudas. Esta situación se traduce también en incertidumbre económica, puesto que muchas explotaciones dependen de los pagos de la PAC para planificar inversiones y afrontar la campaña.
Demandas concretas y marco legal
COAG pide al Ministerio que, además de extender el plazo hasta el 31 de mayo, establezca con carácter estatal la exoneración de reducciones por retrasos debidos a la excepcionalidad climática y garantice el reconocimiento de las solicitudes presentadas hasta el 15 de junio sin aplicación de penalizaciones. La organización recuerda que la normativa comunitaria y nacional permite gestionar casos de fuerza mayor y solicita que se actúe con agilidad para evitar que la aplicación automática de reducciones afecte a quienes han sufrido daños directos por las lluvias. COAG reclama asimismo criterios claros de verificación y un procedimiento ágil que no sobrecargue más a los servicios técnicos locales.
Medidas operativas y propuestas de mejora
Entre las medidas prácticas propuestas figura el refuerzo temporal de las plantillas en las entidades colaboradoras, la habilitación de canales telemáticos urgentes para trámites y la coordinación de las comunidades autónomas con el Ministerio para aplicar un criterio homogéneo. La organización también insta a simplificar la documentación requerida en los expedientes cuando la imposibilidad de acceso a parcelas impida aportar pruebas presenciales inmediatas, sustituyendo temporalmente ciertas comprobaciones por pruebas documentales o informes técnicos diferidos. Estos cambios, según COAG, deben acompañarse de instrucciones claras para que no se generen discrepancias entre territorios.
Impacto económico y necesidad de previsión
La paralización de siembras y la incertidumbre sobre la elegibilidad de ayudas están afectando la planificación de campañas y la liquidez de muchas explotaciones, especialmente de menor tamaño. COAG subraya que la PAC es una palanca esencial para la viabilidad del sector y que garantizar el acceso efectivo a las ayudas en condiciones de igualdad evita agravios comparativos y daños económicos permanentes. En paralelo, la organización reclama avanzar en medidas de adaptación y planificación que reduzcan la vulnerabilidad del sistema ante fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Perspectivas y llamadas a la acción
El sector aguarda ahora la respuesta del Ministerio, cuya decisión determinará si se homogeneizan los plazos a nivel estatal y si se adoptan las exenciones solicitadas por COAG para las presentaciones con retraso justificadas por la excepcionalidad climática. En caso de concesión, los productores ganarían seguridad jurídica para finalizar la documentación y las administraciones dispondrían de un margen temporal más realista para tramitar expedientes sin colapsos. COAG insiste en que, además de la medida puntual sobre plazos y penalizaciones, es necesario reforzar la coordinación interadministrativa y diseñar protocolos preventivos para futuras adversidades climáticas.
Conclusión
La petición de COAG plantea una respuesta administrativa centrada en la equidad territorial y en la minimización del impacto económico derivado de las lluvias, priorizando el acceso de agricultores y ganaderos a las ayudas de la PAC en condiciones de igualdad. La extensión del plazo a 31 de mayo y la suspensión de penalizaciones hasta el 15 de junio son las dos peticiones clave que decidirán la estabilidad administrativa y económica de miles de explotaciones en la campaña 2026, mientras el sector y las administraciones evalúan medidas de adaptación para el mediano plazo.
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