La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado ha sacado a información pública un borrador de decreto para modificar el II Plan de Gestión del Lobo con el objetivo de actualizar el marco jurídico y restablecer herramientas de gestión. El borrador se somete a un periodo de consulta pública de veinte días hábiles, con plazo abierto hasta el 28 de mayo de 2026, durante el cual ganaderos, grupos ecologistas y ciudadanía pueden presentar alegaciones. La modificación pretende adaptar la norma a la situación legal vigente y ofrecer seguridad jurídica para medidas de convivencia entre la ganadería extensiva y la fauna salvaje.
Contexto legal
Medio Rural explica que el texto propuesto responde a cambios normativos y a una resolución judicial reciente que dejó en suspenso ciertos programas de control. La consejería sostiene que la revisión permitirá aprobar medidas conforme al régimen jurídico actual y evitar lagunas que impidan actuaciones administrativas cuando se detecten riesgos para la explotación ganadera. El borrador afecta al decreto que regula la gestión del lobo en la comunidad y su tramitación administrativa se ha iniciado con el fin de homogeneizar criterios técnicos, científicos y jurídicos.
La apertura del trámite público incluye la posibilidad de presentar informes técnicos y alegaciones que la administración evaluará antes de adoptar el texto definitivo, y la consejería indica que incorporará criterios de selectividad, proporcionalidad y control poblacional basados en estudios científicos y en seguimiento de campo.
Reacciones y demandas
La iniciativa ha provocado respuestas contrapuestas: asociaciones de ganaderos y representantes rurales piden medidas que permitan reducir daños y mejorar la coexistencia, reclamando con urgencia mecanismos de gestión operativos y financiación para medidas preventivas. Por su parte, organizaciones ecologistas y colectivos conservacionistas han expresado rechazo y advierten que cualquier modificación no debe abrir la puerta a eliminaciones indiscriminadas, reclamando mayor inversión en soluciones no letales y transparencia en los protocolos.
Estas organizaciones denuncian problemas de selectividad en actuaciones pasadas y demandan que el nuevo marco incorpore salvaguardas científicas, planes de seguimiento poblacional y auditorías independientes que garanticen que las intervenciones se aplican solo cuando están justificadas y con criterios técnicos claros.
Próximos pasos y medidas previstas
La tramitación continuará con el estudio de alegaciones y la redacción del texto final, tras lo cual la administración podrá aprobar un decreto adaptado al marco legal vigente y a las recomendaciones técnicas. Entre las medidas que la consejería y agentes del sector discuten están protocolos de autorización más exigentes, criterios de selectividad para las intervenciones, programas de seguimiento poblacional y refuerzo de indemnizaciones y ayudas a la prevención.
La administración valora aumentar la inversión en medidas preventivas como perros guardianes, cercados eléctricos y guarda permanente en explotaciones con riesgo alto.
Se prevé potenciar el seguimiento con tecnologías como collares GPS, censos estandarizados y vigilancia mediante drones para disponer de datos fiables antes de autorizar actuaciones directas.
Se estudia ajustar las bases para la concesión de compensaciones y medidas de acompañamiento técnico a las explotaciones afectadas.
Las partes implicadas insisten en que el éxito de la gestión pasará por combinar políticas de prevención, control selectivo cuando esté justificado y sistemas de evaluación científica que permitan medir eficacia y minimizar el conflicto. La consejería ha subrayado la intención de trabajar con sociedad civil, sector ganadero y expertos para que la norma final sea operativa y compatible con protección de la biodiversidad y derechos de las explotaciones.
Impacto en la ganadería y expectativas futuras
Los ganaderos reclaman rapidez en la aprobación de instrumentos que les permitan proteger sus rebaños y recibir apoyo técnico y económico para implantar medidas preventivas. La falta de un marco claro incrementa la percepción de riesgo y la presión sobre los sistemas de producción extensiva, por lo que varias organizaciones del sector solicitan que la modificación normativa vaya acompañada de líneas de ayuda y protocolos de actuación coordinados a nivel autonómico.
Los colectivos conservacionistas piden que el proceso sea transparente, basado en evidencia y que incorpore medidas de conservación a largo plazo, como planes de seguimiento poblacional y corredores ecológicos que reduzcan los encuentros conflictivos. Ambas posiciones coinciden en la necesidad de mejorar la recogida de datos y la trazabilidad de los incidentes para diseñar políticas más eficaces.
En los próximos meses la atención se centrará en el análisis de las alegaciones presentadas durante el periodo público y en la redacción del decreto definitivo, que marcará las herramientas administrativas disponibles para la gestión del lobo en Asturias y las condiciones técnicas y jurídicas de su aplicación. El resultado condicionará las políticas de convivencia entre actividad ganadera y conservación en la región, y servirá de referencia para futuras decisiones y programas de seguimiento y evaluación.
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