Castilla y León ha planteado en 2026 su rechazo frontal a la aplicación de criterios de degresividad en las ayudas directas de la PAC 2028-2034 y reclama normas comunes a nivel de la Unión Europea para evitar desigualdades entre agricultores. La consejería regional sostiene que cualquier mecanismo que reduzca gradualmente el importe de las ayudas por titular podría debilitar explotaciones profesionales y alterar la competitividad del tejido agrario de la comunidad. Castilla y León rechaza la degresividad de las ayudas como principio negociador en la configuración de la futura PAC.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trasladado esta postura en las reuniones sectoriales abiertas con el Ministerio, enfatizando la necesidad de criterios homogéneos en la UE y de estabilidad normativa para permitir inversiones y planes de modernización. El Gobierno regional sostiene que la uniformidad normativa europea es clave para evitar distorsiones competitivas entre Estados miembros y para garantizar condiciones equitativas a los productores.
La posición de la comunidad se apoya en un acuerdo institucional con las organizaciones profesionales agrarias y otras entidades sectoriales que representan a operadores y cadenas de valor de la región; ese marco común define prioridades y líneas de trabajo centradas en proteger el modelo agrario profesional. Entre los objetivos destacados están mantener la viabilidad de explotaciones de mayor tamaño, favorecer la profesionalización y asegurar que las políticas apoyen la transición hacia prácticas más sostenibles sin recortar capacidad productiva.
Rechazo a la degresividad
Los argumentos técnicos esgrimen una relación directa de causa y efecto: la implantación de degresividad reduciría la liquidez disponible para inversiones en explotaciones más dimensionadas, lo que a su vez podría frenar la adopción de tecnologías de precisión, renovar flotas o mejorar prácticas medioambientales. Castilla y León plantea que la pérdida de recursos en explotaciones clave tendría impacto sobre la producción regional y la cadena de suministro, con efectos en empleo, eficiencia y capacidad de respuesta a la demanda.
El Ejecutivo regional exige que cualquier modificación del sistema de ayudas tenga en cuenta indicadores objetivos de profesionalidad, productividad y sostenibilidad, y propone mecanismos alternativos de diseño de incentivos que premien resultados ambientales y la incorporación de innovación sin penalizar tamaño ni eficiencia. En paralelo, demanda transparencia en los criterios de reparto para que las medidas no generen desplazamientos de actividad entre territorios.
Reparto de fondos y prioridades
En la última distribución sectorial a nivel nacional, Castilla y León ha obtenido una asignación relevante que la sitúa entre las comunidades con mayor peso en el reparto, con 31,5 millones de euros (14% del total repartido) destinados a programas estratégicos. Esos recursos se orientan a acciones concretas que articulan la política regional en torno a calidad, sanidad animal, apoyo a razas autóctonas y fomento del consumo en programas educativos.
Los fondos se canalizan a programas clave que incluyen, entre otros, las siguientes líneas de apoyo:
Programas escolares de promoción del consumo de productos lácteos, frutas y hortalizas.
Mejora varietal y calidad de semillas y plantas.
Apoyo y conservación de razas autóctonas y control de performances productivas.
Programas de apicultura y medidas de desarrollo rural orientadas a la innovación.
Estos instrumentos buscan combinar mantenimiento de renta, mejoras sanitarias y avances en sostenibilidad, permitiendo que explotaciones profesionales accedan a incentivos para modernización y para prácticas con menores emisiones y mayor eficiencia de recursos.
La negociación sobre la PAC se prevé intensificar en las próximas semanas con la puesta en marcha de grupos de trabajo entre el Ministerio y las comunidades autónomas, una vez la Unión Europea avance en el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual; la Junta regional reclama participar activamente en esos foros para defender sus prioridades. La creación de grupos de trabajo entre el Ministerio y las comunidades autónomas será la vía para concretar criterios técnicos y cuantitativos que determinen el diseño final de los regímenes de ayudas.
Lo que está en juego es la configuración del modelo agrario para la próxima década: las decisiones sobre la degresividad, la armonización normativa y la asignación de fondos determinarán la competitividad, la sostenibilidad y la estructura productiva en España y en la UE. Castilla y León apuesta por un marco que garantice estabilidad financiera a las explotaciones profesionales, facilite inversiones en tecnologías como agricultura de precisión y digitalización, y asegure condiciones de mercado equilibradas para todos los productores.
Foto - www.agronewscastillayleon.com
