El consejero Julián Martínez Lizán ha asegurado en 2026 que la Junta de Castilla‑La Mancha no ha abandonado a los ganaderos frente a la enfermedad de la lengua azul y que mantiene medidas de apoyo y subvenciones para la vacunación. Martínez Lizán formuló estas declaraciones antes de presentar a las organizaciones agrarias y ganaderas el Plan de Ganadería Extensiva de la región, enfatizando la coordinación con el sector y las líneas de ayuda vigentes. La vacunación contra la lengua azul es voluntaria en 2026, según la Administración regional, que defiende ofrecer libertad de decisión a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) y a los ganaderos sobre la aplicación y el serotipo a utilizar. El consejero reconoció que la gestión de esta enfermedad plantea debates técnicos y sanitarios, pero subrayó que la política regional prioriza reducir el impacto sanitario y económico en las explotaciones.
Martínez Lizán recordó que la Junta facilita actualmente el acceso a vacunas y subvenciona su aplicación para permitir que cada ADSG o ganadero elija la estrategia más adecuada a su rebaño y a su zona geográfica. Explicó que, aunque las vacunas pueden ocasionar efectos adversos en casos puntuales, la relación causa–efecto que ha observado el Gobierno regional indica que la vacunación reduce la frecuencia y la gravedad de los brotes y, por tanto, minimiza pérdidas productivas y riesgos para la trazabilidad. Además, la Administración promueve el uso de protocolos de vigilancia y de gestión sanitaria adaptados a explotaciones extensivas, con énfasis en la coordinación entre veterinarios, ADSG y las direcciones provinciales.
En materia de seguros agropecuarios, el consejero señaló que el Consejo de Gobierno ha aprobado para 2026 el mayor presupuesto regional destinado a apoyar las pólizas del sector, una medida que busca abaratar costes y mejorar la cobertura frente a siniestros. Martínez Lizán matizó que la regulación básica de seguros agrarios depende de organismos estatales y del mercado asegurador —como el Ministerio de Agricultura, Enesa, Agroseguro y el Consorcio de Compensación de Seguros—, pero que la comunidad autónoma refuerza su aportación financiera para complementar esas coberturas. El incremento presupuestario regional pretende maximizar el ahorro de costes para agricultores y ganaderos, aunque la Consejería advierte de límites derivados de normas nacionales y europeas sobre la participación pública en las primas.
Como ejemplo concreto de apoyo operativo, la Junta mantiene líneas para subvencionar la aplicación de vacunas por parte de las ADSG y para facilitar asesoramiento técnico sobre elección de serotipos y calendarios vacunales en función del riesgo epidemiológico local. La Administración impulsa además sistemas de vigilancia y notificación temprana para detectar movimientos de vectores y brotes y coordina campañas informativas dirigidas a titulares de explotaciones y veterinarios. Estos instrumentos se acompañan de recomendaciones sobre buenas prácticas ganaderas y bioseguridad para reducir la exposición al insecto vector que transmite el virus.
El consejero insistió en la voluntad de diálogo permanente con organizaciones como Asaja y otras representaciones del sector para adaptar las medidas a las necesidades detectadas en campo y para evaluar nuevas tecnologías de control y diagnóstico. Entre las líneas de futuro que anunció la Consejería figuran la modernización de los registros sanitarios, el impulso a pruebas diagnósticas de mayor rapidez y sensibilidad, y el estudio de esquemas vacunales más eficientes que reduzcan costes y efectos adversos. En su intervención, Martínez Lizán apeló a la colaboración público‑privada y al refuerzo de las ADSG como herramienta clave para la implementación local de campañas sanitarias.
La propuesta regional combina medidas sanitarias, económicas y técnicas con el objetivo de reducir el impacto de la lengua azul en la ganadería extensiva: ofrecer opciones de vacunación subvencionada y asesorada, mejorar la cobertura de seguros y potenciar la vigilancia epidemiológica. La Consejería invita al sector a participar en la evaluación continua de estas políticas para ajustar recursos y prioridades en 2026 y en los planes posteriores.
Foto - www.agrodiario.com
