Según Sergio, agricultor con 7.000 olivos en una cooperativa de Carabaña, la sustracción y los destrozos en las fincas colocan a los productores madrileños en una situación de vulnerabilidad permanente. La mayor demanda y los precios elevados del aceite durante 2026 han incrementado la presión sobre el campo, y los olivareros advierten que eso traduce directamente en más intentos de hurto y en actos vandálicos que afectan los rendimientos. Sergio explica que el problema no es solo la pérdida de fruto sino el daño estructural a los árboles y caminos de la finca, que encarece futuras labores y reduce la rentabilidad por hectárea.
Medida de trazabilidad
La Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto que establece la obligación de contar con un certificado de trazabilidad desde el origen para la aceituna, documento que debe acompañar la partida hasta su transformación en almazara y que entra en vigor en mayo de 2026. Las autoridades defienden que esta norma pretende reforzar la seguridad alimentaria y dificultar la comercialización de aceituna robada al exigir documentación sobre el recorrido del producto. El texto legal obliga a documentar la recolección, el transporte y la entrega en la almazara, y plantea sanciones administrativas para quienes no cumplan con los registros exigidos.
Sergio valora positivamente la intención de limitar el fraude documental, pero recalca que la medida por sí sola no resolverá la persistente inseguridad en campo. "No lo veo mal, pero si no hay vigilancia efectiva continuarán los fraudes con la falsificación de documentos", afirma, y añade que los ladrones pueden adaptar sus circuitos a otras comunidades si allí encuentran menos controles. Esta posibilidad de eludir la norma territorial evidencia por qué, según muchos productores, es necesaria una estrategia coordinada a nivel nacional para que la trazabilidad no quede circunscrita a una autonomía y resulte insuficiente frente a redes de reventa.
Reclamo de vigilancia y coste
Los agricultores denuncian que la protección de grandes extensiones tiene un coste elevado: contratar vigilancia privada, instalar cámaras o seguros especializados supone un desembolso continuo para explotaciones de pequeño y medio tamaño. "El dinero que se gasta en controlar eso es muchísimo; la Guardia Civil patrulla y hace lo que puede, pero cubrir miles de hectáreas es complicado", explica Sergio, que pone como ejemplo la dificultad de vigilar caminos secundarios y plantaciones dispersas. Esa combinación de coste privado y limitaciones de la seguridad pública genera una sensación de desamparo que, en su opinión, solo puede mitigarse con recursos públicos adicionales y medidas preventivas tecnológicas.
Entre las propuestas que plantean los olivareros figura la armonización de la norma a nivel estatal para evitar la venta transregional de fruto de origen dudoso, la incentivación de sistemas de trazabilidad electrónica y la financiación de infraestructuras de vigilancia en zonas rurales. Técnicamente, el sector avanza hacia soluciones digitales que permitan verificar origen y cadena de custodia en tiempo real, como certificados electrónicos, uso de QR o registros en plataformas que conecten a agricultores, transportistas y almazaras. Estas herramientas, combinadas con controles puntuales en puntos de acopio y mayor coordinación entre fuerzas de seguridad, reducirían las ventanas de oportunidad para la comercialización de producto robado.
Los técnicos consultados por cooperativas y agrupaciones de productores señalan que la implementación efectiva de trazabilidad exige formación, inversión y un calendario de despliegue que contemple costes asumibles por explotaciones familiares. Las almazaras, por su parte, tendrán que adaptar sus sistemas de recepción para verificar documentación digital y físicas, y adoptar protocolos de rechazo de partidas con trazabilidad incompleta. En paralelo, medidas de disuasión como iluminación selectiva, cerramientos inteligentes y vigilancia por drones o cámaras con detección podrían complementar la prevención en parcelas con histórico de hurtos.
En su balance, Sergio defiende que la trazabilidad es un paso necesario pero subraya que la política pública debe incluir recursos para ejecución y control: mayor presencia policial en campañas de recolección, líneas de apoyo económico para seguridad y programas de cooperación entre municipios y comunidades. Sin una combinación de trazabilidad obligatoria, vigilancia reforzada y coordinación interregional, los productores temen que el esfuerzo administrativo derive en cargas sin disminuir realmente los robos. El sector pide además campañas informativas para compradores y almazaras sobre la identificación de partidas legales y la penalización a compradores que adquieran aceituna sin documentación.
El debate en 2026 se centra, por tanto, en cómo convertir la nueva norma en una herramienta eficaz: obligatoria en el papel y funcional en la práctica, con tecnología accesible y controles que impidan la elusión por vías administrativas o territoriales. Para agricultores como Sergio, la prioridad inmediata es que las políticas públicas reconozcan el coste real de proteger el cultivo y diseñen soluciones que combinen fiscalidad, digitalización y refuerzo de la seguridad rural para proteger la rentabilidad del olivar madrileño.
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