Según COAG y su coordinador Lorenzo Rivera, el precio del gasóleo agrícola en Castilla y León supera 1,542 €/litro en mayo de 2026 y amenaza la viabilidad de las campañas agrarias; la organización exige medidas urgentes para frenar la especulación. La entidad subraya que el encarecimiento sostenido de los carburantes ha neutralizado la ayuda de 20 céntimos aprobada por el Gobierno y está elevando los costes de producción a niveles históricamente altos, especialmente en una campaña clave para el campo regional. COAG aporta datos propios y avisos directos sobre el impacto económico en explotaciones agrícolas y ganaderas, y reclama respuesta política inmediata para evitar pérdidas económicas y cierres de actividad.
Efecto cohete-pluma
COAG advierte que la reacción de las operadoras ante la volatilidad internacional alimenta la subida y frena las bajadas: «suben en cohete y bajan en pluma», explican desde la organización, lo que mantiene los precios en la parte alta durante más tiempo y reduce la eficacia de las ayudas. Además, atribuyen una parte significativa del aumento a la tensión en el mercado petrolero derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha encarecido la materia prima y trasladado la presión a la distribución y al consumidor final. El resultado es que, según los cálculos de COAG, cada incremento de 10 céntimos en el precio del gasóleo incrementa la factura del combustible de agricultores y ganaderos de Castilla y León en aproximadamente 7 millones de euros, una relación directa que eleva de forma notable los costes de campañas agrícolas y de alimentación animal.
La organización insiste en que la disolución de la ayuda pública por el alza del precio deja al sector sin alivio real en un momento crítico y que la actual dinámica de mercado exige instrumentos regulatorios que mitiguen la especulación y la volatilidad.
Propuesta de intervención y experiencias en Europa
Para frenar esa dinámica, COAG plantea como medida prioritaria la implantación de un tope regulatorio al precio del gasóleo agrícola, una herramienta que, según la organización, ya se contempla o aplica en varios países europeos. La propuesta puede articularse de forma flexible: limitar únicamente el margen de beneficio de las distribuidoras, aplicar el tope solo a sectores estratégicos como la agricultura o el transporte esencial, activarlo exclusivamente en situaciones de crisis y establecerlo mediante negociación con las operadoras en lugar de imposición unilateral.
COAG cita como referencia que algunos Estados miembros han adoptado topes o mecanismos de control transitorios para contener abusos y reducir la volatilidad de los precios, y reclama al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una actitud más activa y coordinada para adaptar esas soluciones al contexto español.
En la organización sostienen que una negociación previa con las empresas distribuidoras permitirá fijar precios máximos razonables y evitar desabastecimientos, siempre acompañada de mecanismos de evaluación periódica y salvaguardas para que la medida sea temporal y proporcional. Rivera insiste en que la solución debe combinar control del margen y apoyo directo a explotaciones, para que la reducción efectiva del precio alcance al agricultor y al ganadero.
COAG propone también medidas complementarias de transparencia: publicar los márgenes reales de las estaciones de servicio y la cadena de distribución, imponer auditorías en periodos de crisis y acelerar la fiscalización de prácticas comerciales que puedan constituir abuso de mercado. Según sus técnicos, estas medidas permitirían detectar rápidamente movimientos especulativos y corregir desviaciones que penalizan al sector productivo.
Los detractores del tope regulatorio alertan sobre el riesgo de desabastecimiento y señalan casos concretos en Europa donde se han producido tensiones puntuales en estaciones de servicio. COAG responde abogando por topes negociados y temporales, centrados en garantizar suministro y precio justo sin perjudicar la logística y la operativa comercial, y por mecanismos compensatorios para distribuidores en situaciones excepcionales.
Para el sector agrario, la prioridad es que las políticas públicas combinen ayudas directas, controles al margen comercial y acciones estructurales para reducir la dependencia del gasóleo, como la modernización de maquinaria, la electrificación parcial y el impulso a biocombustibles sostenibles. COAG anuncia que seguirá reclamando al Gobierno medidas que garanticen estabilidad de costes y sugiere abrir mesas de diálogo inmediato con distribuidores, administraciones autonómicas y Unión Europea para diseñar soluciones coordinadas y efectivas.
En resumen, COAG exige que las autoridades actúen con rapidez y decisión: el precio de referencia de 1,542 €/litro es, para la organización, la prueba palpable de que las ayudas vigentes no bastan; la subvención de 20 céntimos se ha visto anulada por la subida continuada; y topar el precio o el margen aparece como la opción más directa para limitar la especulación y proteger la renta agraria en los próximos meses. La expectativa del sector es que las autoridades respondan antes del inicio de las fases críticas de cultivo y alimentación animal, cuando el impacto económico será mayor.
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