Cooperativas Agro-alimentarias de España y FEPEX advierten en 2026 de una reducción de herramientas fitosanitarias que, según el sector, está comprometiendo la productividad y la competitividad de las explotaciones españolas. La falta de alternativas viables y la retirada de materias activas dejan a muchos agricultores sin opciones agronómicas eficaces, con impacto directo en rendimientos y costes de producción. Las organizaciones reclaman respuestas coordinadas de las administraciones nacionales y de la Unión Europea para evitar pérdidas de cultivos y desigualdades entre productores.
Presión creciente de plagas y resistencias
En un escenario marcado por temperaturas y patrones climáticos que favorecen la expansión de plagas, los técnicos del sector observan un aumento de episodios de ataque y de aparición de resistencias que complican el manejo integrado. La reducción progresiva de productos autorizados y la falta de alternativas rentables aumentan la vulnerabilidad de cultivos clave, especialmente en las zonas con condiciones mediterráneas. Los agricultores señalan que sin una caja de herramientas adecuada se multiplican intervenciones de emergencia que encarecen la producción y elevan el riesgo fitosanitario general.
La gestión de materias activas presenta un doble problema: el marco regulatorio exige altos estándares de seguridad, pero la continuidad en el mercado depende también del interés comercial de los titulares de registro. Esto provoca que algunas sustancias, aún útiles desde el punto de vista agronómico, sean retiradas por falta de rentabilidad industrial, lo que no siempre coincide con la disponibilidad de alternativas. Además, la actual aplicación desigual de la normativa entre Estados miembros y la entrada de productos importados con menos exigencias generan distorsiones competitivas que penalizan a los productores nacionales y europeos.
Demandas del sector y propuestas de reforma
Las organizaciones agrarias reclaman cambios concretos en la normativa y en los procedimientos administrativos que permitan una gestión equilibrada entre seguridad y productividad. Piden la simplificación y agilización de trámites de autorización adaptados a realidades regionales, la homogeneización de criterios de evaluación en la UE y que cualquier retirada de una sustancia vaya acompañada de la puesta a disposición de alternativas reales y de periodos de adaptación suficientes. También solicitan mecanismos de reciprocidad y controles reforzados sobre importaciones para evitar competencia desleal por productos elaborados bajo marcos fitosanitarios menos exigentes.
En paralelo, el sector plantea impulsar inversiones públicas y privadas para acelerar la disponibilidad de soluciones alternativas: impulso a biocontrol, mayor financiación a la investigación en agentes de control biológico, desarrollo de materiales vegetales resistentes y promoción de prácticas de manejo integrado de plagas. Estas opciones requieren plazos de puesta en marcha, campañas de transferencia tecnológica y programas de demostración en campo para validar eficacia y costes antes de prescindir de herramientas convencionales.
La reforma normativa en sanidad vegetal se debate en 2026 y el sector reclama cambios
Aprovechando el marco de discusión actual en la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados miembros, las organizaciones urgen a que la reforma en curso incorpore criterios de proporcionalidad, procedimientos acelerados para tecnologías y productos innovadores, y cláusulas de transición para agricultores. Entre las medidas concretas que proponen figuran la creación de vías rápidas para autorizaciones específicas por regiones climáticas, incentivos financieros para la adopción de biocontrol y sistemas de seguimiento y alerta temprana digitalizados. Asimismo piden protocolos claros que vinculen cualquier retirada a la disponibilidad de alternativas certificadas y programas de acompañamiento técnico y económico.
Las autoridades nacionales tienen un papel clave en la implementación: adaptar la normativa a la diversidad productiva del país, coordinar pruebas de campo y priorizar financiación para proyectos de I+D que demuestren soluciones aplicables en el corto y medio plazo. El sector propone también mayor transparencia en los criterios de decisión y la participación de representantes agrarios en comités técnicos, para que las decisiones regulatorias respondan a necesidades productivas verificables y no solo a criterios de mercado.
Si se adoptan las reformas requeridas y se aceleran las vías de I+D y transferencia, la expectativa es recuperar competitividad y reducir el riesgo de episodios de pérdidas por plagas, además de favorecer la transición hacia métodos menos dependientes de fitosanitarios convencionales. En caso contrario, el sector alerta de un aumento sostenido de costes, abandono de superficies y mayor dependencia de importaciones, con impacto en seguridad alimentaria y en la viabilidad de explotaciones familiares. El consenso entre administraciones, industria y agricultores y la definición de indicadores de resultado serán determinantes para que la transición sea ordenada y eficaz en los próximos años.
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