Vox ha solicitado la comparecencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Congreso tras la denegación del uso excepcional del insecticida Movento para combatir una plaga de pulgón que ya ha afectado a más de 6.000 hectáreas en explotaciones hortofrutícolas del Levante español. El partido registró además una batería de preguntas escritas al Ejecutivo para aclarar los criterios técnicos seguidos y las medidas que el Gobierno piensa adoptar ante la evolución de la plaga. Vox denuncia la negativa del Ejecutivo a autorizar el uso excepcional de Movento, argumento que ha elevado al ámbito parlamentario para exigir explicaciones y opciones de actuación.
La resolución oficial del Ministerio determina que no se cumplen las condiciones establecidas por la normativa europea para activar el mecanismo de emergencia que permitiría la autorización temporal de una materia activa durante un máximo de 120 días. Fuentes del grupo parlamentario de Vox sostienen que la situación real en los campos desmiente esa evaluación administrativa y que la denegación impide a los agricultores emplear una herramienta que consideran eficaz para frenar la expansión del pulgón. Los diputados murcianos Lourdes Méndez y Joaquín Robles han sido los promotores de la iniciativa parlamentaria y han condicionado la comparecencia al deseo de obtener respuestas técnicas y económicas.
Según las preguntas registradas, Vox solicita al Ejecutivo que explique con detalle qué criterios técnicos se tuvieron en cuenta para denegar el uso excepcional de Movento; si el Gobierno contempla modificar su posición si el número de hectáreas afectadas aumenta en las próximas semanas; y qué umbral de superficie o intensidad de daños consideraría necesario para autorizar materias activas adicionales. Además, preguntan si el Gobierno tiene previsto impulsar medidas compensatorias directas para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por la plaga. Más de 6.000 hectáreas es la cifra que el grupo parlamentario emplea para justificar la urgencia, aunque reclaman datos actualizados y verificados por las administraciones competentes.
Los portavoces de Vox han advertido del riesgo de escalada: según Joaquín Robles, la subida de temperaturas propia de primavera y verano puede acelerar la reproducción del pulgón y complicar el control si no se actúa de forma inmediata, lo que podría traducirse en un efecto multiplicador sobre los daños y los costes para las explotaciones. Lourdes Méndez ha reclamado también apoyo económico para los agricultores, argumentando que "si no se les permite defender sus cultivos, al menos deben recibir un respaldo económico inmediato". Estas demandas se enmarcan en la preocupación por la viabilidad a corto plazo del sector hortofrutícola en zonas del Levante muy dependientes de cultivos intensivos.
El Ministerio, en su resolución, alega que la activación del mecanismo de emergencia exige pruebas técnicas y condiciones concretas recogidas en la normativa europea, y que en el momento de la evaluación esas condiciones no se cumplían. La decisión administrativa subraya la necesidad de evidencia científica y de seguimiento riguroso de riesgos fitosanitarios antes de autorizar usos excepcionales fuera del marco habitual de registro de productos fitosanitarios. En paralelo, la gestión de plagas en cultivos intensivos se apoya cada vez más en planes de seguimiento, avisos técnicos y en la implementación de estrategias de manejo integrado de plagas (MIP) que combinan medidas culturales, biológicas y químicas cuando proceda.
Entre las posibles alternativas y perspectivas a futuro que han empezado a discutir actores del sector y técnicos se incluyen el refuerzo de los programas de vigilancia fitosanitaria, la aceleración de autorizaciones temporales sólo en casos que cumplan criterios técnicos claros, el impulso de soluciones de control biológico y la incorporación de tecnologías de agricultura de precisión para detectar focos en fases iniciales. Expertos en protección de cultivos señalan que integrar trampas, monitoreo con sensores y aplicaciones de toma de decisiones puede reducir la dependencia inmediata de tratamientos químicos, aunque reconocen que estas medidas requieren tiempo y recursos para desplegarse a escala.
En lo inmediato, la situación pasará por dos vías: la respuesta del Gobierno a las preguntas escritas registradas por Vox y la comparecencia del ministro si así lo acuerda la Mesa del Congreso; y la evolución de la plaga sobre el terreno, condicionada por factores climáticos y por las actuaciones de los agricultores y las autoridades autonómicas. Las comunidades afectadas y las organizaciones agrarias reclaman transparencia en los criterios técnicos y agilidad en las medidas de apoyo, tanto sanitarias como económicas, para evitar que los daños se traduzcan en cierres de explotaciones o en pérdidas significativas de rentabilidad.
El debate abierto pone de manifiesto una tensión entre la exigencia de pruebas técnicas robustas para activar mecanismos de emergencia y la presión de los productores por poder disponer de herramientas eficaces en situaciones críticas. A medio plazo, el sector pide también planes de contingencia más claros que incluyan protocolos de autorización rápida, líneas de ayuda para daños derivados de plagas y una mayor inversión en investigación aplicada para validar alternativas fitosanitarias y estrategias de control sostenibles. La comparecencia de Planas, si se produce, será la ocasión para poner estos puntos sobre la mesa y para que el Ejecutivo detalle su hoja de ruta sobre vigilancia, autorización y apoyo económico al sector hortofrutícola en 2026 y los meses siguientes.
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