Según Cristóbal Cano, secretario general de UPA, los cereales en España afrontan en 2026 una crisis de rentabilidad causada por el alza abrupta de los costes y cotizaciones de origen insuficientes en origen. La combinación de subidas en carburantes y fertilizantes junto a precios de mercado deprimidos está provocando que cultivos como el maíz y el arroz sean inviables para muchos agricultores en la campaña actual. La subida de los fertilizantes y el gasóleo dispara los costes de producción y erosiona la rentabilidad. UPA advierte de una pérdida de entusiasmo por la siembra de cultivos de regadío si no se adoptan medidas concretas este año.
Impacto en costes y cultivos
Los incrementos en insumos energéticos y fertilizantes se traducen en aumentos directos y cuantificables del coste por hectárea: los abonos de fondo se sitúan en torno a 140 €/t y los nitrogenados, especialmente la urea, alcanzan precios cercanos a 900 €/t en puntos de venta, lo que eleva sensiblemente la factura de producción. El gasóleo agrícola también mantiene niveles altos que incrementan los costes de laboreo, riego y cosecha, afectando de manera especial a los cultivos intensivos de regadío. Los cultivos de regadío, y particularmente el maíz y el arroz, son los más dañados por esta doble presión de costes altos y precios de mercado bajos.
Las simulaciones económicas recientes realizadas por UPA con base en estudios oficiales y datos actualizados de 2026 muestran escenarios preocupantes: un agricultor medio de maíz puede pasar a registrar pérdidas por hectárea que alcanzan cifras del orden de varios cientos de euros si las cotizaciones en origen no mejoran. Según estas estimaciones, el precio mínimo del maíz pagado al agricultor debería situarse en torno a 251 €/t para cubrir costes y cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria; para la cebada, la referencia de equilibrio se aproximaría a 243 €/t dadas las actuales estructuras de coste y rendimientos medios en secano. Estas cifras marcan el umbral para garantizar continuidad productiva y evitar abandono de superficie.
La presión sobre la rentabilidad influye ya en las decisiones de siembra: la incertidumbre económica está llevando a agricultores a replantear la rotación y la superficie dedicada a maíz y arroz en la campaña 2026, con riesgo real de reducción de área cultivada si no se corrigen precios y ayudas. La menor siembra de estos cultivos afectaría a la cadena de suministro para la industria de piensos y a la disponibilidad de materias primas para ganadería, con impacto en la autonomía alimentaria nacional.
Los efectos no son homogéneos por cultivos: los extensivos de otoño-invierno pueden amortiguar algo la subida de insumos, mientras que los cultivos de verano y riego —maíz, arroz, remolacha, algodón y tomate para industria— sufren de forma más aguda. La estructura de costes de los leñosos permite mayor resiliencia frente a este shock, pero la tendencia general de precios en origen y costes elevados podría tensionar la viabilidad de explotaciones más pequeñas y cooperativas.
Reclamaciones y medidas urgentes
UPA reclama a la industria transformadora, a los operadores intermedios y a las empresas de piensos que asuman su responsabilidad y paguen precios que cubran costes de producción; la organización acusa a intermediarios de ejercer presión a la baja sobre las cotizaciones y pide transparencia en la formación de precios. Además, UPA exige la actuación decidida de las administraciones —Comunidades Autónomas, Gobierno central y autoridades de la Unión Europea— para convocar de inmediato a todas las partes implicadas y garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en 2026.
Entre las medidas propuestas están: negociación sectorial para establecer precios de referencia que cubran costes mínimos, mecanismos de transparencia contractual entre industrias y agricultores, refuerzo de controles para evitar prácticas de abuso de mercado y la puesta en marcha de líneas de apoyo temporal que mitiguen el impacto de los costes energéticos y de fertilizantes. También se sugiere que la industria de piensos valore compromisos de compra a precios estables y que las administraciones aceleren incentivos a prácticas que reduzcan dependencia de fertilizantes nitrogenados de origen fósil.
A más largo plazo, UPA aboga por políticas que fomenten mayor resiliencia: diversificación de cultivos, mejoras en eficiencia de riego, impulso a alternativas de fertilización (agroecología, abonos de bajo carbono, reciclado de nutrientes) y apoyo a innovación y técnica agronómica que reduzcan costes variables. Estas líneas pueden reducir exposición a volatilidad de materias primas y a shocks geopolíticos energéticos.
Para avanzar en 2026, la organización pide diálogo inmediato y decisiones concretas que impidan la pérdida de rentabilidad y la reducción de superficie de cereales en España, ya que ello comprometería suministros industriales y ganaderos y la capacidad de las cooperativas. La reclamación central de UPA es clara: pagar un precio justo por los cereales que permita cubrir costes, asegurar la continuidad productiva y respetar la Ley de la Cadena Alimentaria. Sin medidas concretas en 2026, el sector afrontará decisiones de cultivo motivadas por la economía y no por la planificación agrícola sostenible.
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