A quince días del inicio de la campaña de la Renta 2026, el Ministerio de Hacienda no ha publicado la orden que desarrolla los módulos aplicables al sector agrario para la estimación objetiva del IRPF. La ausencia de esa orden en el arranque de la campaña complica la declaración a quienes tributan por módulos, advierten organizaciones del campo que reclaman una respuesta administrativa inmediata. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha hecho pública su crítica y pide que la orden se publique con la máxima celeridad para evitar perjuicios a los productores.
La normativa que regula los módulos fija parámetros técnicos y criterios de cálculo que determinan la base imponible de muchas explotaciones y actividades agrarias; sin esa orden los contribuyentes no cuentan con las reglas actualizadas para cuantificar ingresos y gastos bajo el sistema objetivo. La complejidad de la formulación de módulos exige tiempo para revisar documentación, aplicar coeficientes y, en su caso, adaptar la contabilidad a los cambios; por ello la demora administrativa genera incertidumbre y carga adicional de trabajo para gestores y asesores fiscales.
La organización exige que la orden contemple anomalías y catástrofes que han afectado a las explotaciones, incluyendo pérdidas por episodios climatológicos o problemas sanitarios que reducen renta real, y subraya que esos ajustes no son “beneficios fiscales” sino criterios para no tributar por ingresos no percibidos. Los productores que declaran por módulos necesitan criterios claros para poder aplicar reducciones o exenciones previstas por situaciones extraordinarias, y la falta de criterios publicados retrasa la toma de decisiones sobre pagos fraccionados y planificación financiera.
El sector recuerda que quienes declaran por módulos no pueden disponer de menos tiempo que el resto de contribuyentes, ya que la igualdad de plazos exige que la administración facilite toda la información necesaria desde el inicio efectivo de la campaña. Ante la ausencia de la orden, sindicatos agrarios y asesorías públicas y privadas intensifican consultas para anticipar escenarios, pero advirtieron del riesgo de errores en las autoliquidaciones que pueden derivar en recargos o en la obligación de presentar rectificaciones posteriores.
Reclamaciones del sector
Unión de Uniones y otras asociaciones han planteado varias propuestas prácticas como soluciones urgentes: publicación inmediata de la orden con carácter provisional, habilitación de prórrogas en los plazos de presentación para quienes utilicen módulos y emisión de instrucciones aclaratorias para la aplicación de medidas por catástrofes. Estas medidas buscan equilibrar la necesidad de cumplimiento tributario con la realidad operativa de explotaciones afectadas por pérdidas de producción o sobrecostes extraordinarios.
Entre las opciones administrativas que se analizan a corto plazo figura la posibilidad de publicar la orden con criterios temporales que permitan subsanar datos una vez cerrada la declaración, así como activar canales de atención preferente para asesorías y gestorías que tramitan declaraciones de agricultores y ganaderos. También se reclama que la orden incluya criterios homogéneos a nivel estatal para evitar interpretaciones distintas entre administraciones y garantizar la seguridad jurídica del contribuyente.
Impacto operativo y económico: la falta de la orden reduce la predictibilidad sobre la carga fiscal para la campaña 2026, lo que puede afectar la tesorería de explotaciones, especialmente en aquellas con márgenes estrechos o golpeadas por fenómenos adversos. Los asesores fiscales recomiendan mantener documentación detallada de siniestros, facturas y justificantes de pérdidas para poder aplicar ajustes cuando la orden establezca los criterios definitivos. Asimismo, las cooperativas y grupos de asesoramiento técnico trabajan en simuladores internos para estimar escenarios fiscales en función de distintas hipótesis hasta que la Administración publique la normativa.
Para los agricultores y ganaderos la recomendación práctica inmediata es coordinarse con su gestoría, conservar toda la evidencia de daños o pérdidas y evitar presentaciones apresuradas sin aplicar los criterios que la orden definirá. En paralelo, el sector exige que la Administración emita previsiones sobre posibles prórrogas o mecanismos de flexibilidad para que no se penalice a quienes, de buena fe, no pudieron contar con la normativa vigente al iniciar la campaña.
A futuro, las organizaciones agrarias piden más coordinación entre la Administración y el sector antes del arranque de próximas campañas, la automatización de consultas técnicas y la publicación con antelación de las órdenes que afectan a tributación para mejorar la previsibilidad. El sector estará atento a comunicados oficiales en los próximos días y mantiene la presión para que se publique la orden de módulos cuanto antes, minimizando así el impacto sobre las declaraciones de la Renta 2026 y la planificación económica de las explotaciones españolas.
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