Una acampada indefinida se ha instalado frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, convocada por Apag Extremadura Asaja para reclamar respuestas frente al encarecimiento de insumos y a la situación de los acuerdos comerciales. En su primer día la protesta concentró a representantes y agricultores llegados desde varias comunidades, que anuncian permanecer hasta obtener soluciones estructurales. Los convocantes advierten que, si no se permite pernoctar, repetirán la movilización cada mañana hasta forzar diálogo con las administraciones.
Insumos y demandas económicas
Los organizadores sitúan el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los abonos nitrogenados en niveles que consideran insostenibles para la viabilidad de muchas explotaciones, y piden medidas fiscales y de precio que lo compensen. Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, solicita que el Estado asuma parte de ese incremento mediante una reducción extraordinaria del IRPF que compense los costes directos de producción; exigen una reducción mínima y estructural del 35% en el IRPF para agricultores y ganaderos como respuesta a la crisis de costes. Para los convocantes no basta una medida coyuntural: reclaman cambios permanentes que permitan planificar inversiones y mantener explotaciones en activo.
Raúl Beitia Gil, de la Asociación Treviño y Álava por el Campo, reclama mecanismos que eviten la volatilidad del precio del combustible profesional agrícola y que protejan a las explotaciones de subidas ligadas a tensiones internacionales o a la especulación del mercado. Los convocantes proponen la creación de un precio profesional regulado o instrumentos de cobertura que estabilicen el coste del gasóleo y permitan calcular márgenes de explotación fiables. En paralelo exigen incentivos y apoyo financiero para modernizar maquinaria y reducir consumo energético mediante tecnologías más eficientes.
Comercio exterior y preferencia comunitaria
La protesta vincula el deterioro de la renta agrícola con los acuerdos comerciales recientes y las importaciones que, según los agricultores, compiten en condiciones diferentes a las de la UE. Los representantes denuncian que la apertura sin garantías de reciprocidad está afectando a precios y volúmenes en origen, y piden reciprocidad real en los acuerdos comerciales, refuerzo de fronteras y garantía de preferencia comunitaria para productos españoles. Señalan como ejemplos de competencia desleal los accesos a mercado procedentes de terceros países que, a juicio del sector, no respetan los mismos estándares medioambientales, sanitarios o sociales.
Además, los convocantes reclaman instrumentos aduaneros y fiscales que equilibren costes cuando se importan productos por debajo de los costes de producción locales, y alertan del riesgo para la cadena de valor agroalimentaria si continúa la pérdida de explotaciones y de capacidad productiva interna. Para los agricultores, afrontar la competencia sin medidas de protección o de ajuste supone una deriva que pone en riesgo la soberanía alimentaria y la disponibilidad estable de producción nacional.
Los líderes de la movilización han expresado también su rechazo a determinadas políticas comunitarias sobre sostenibilidad que consideran mal enfocadas para la realidad productiva española. David Martínez, presidente de Asaja Burgos, critica que algunas medidas planteadas en el marco del Pacto Verde y en la futura PAC 2028-2034 no contemplan suficiente apoyo económico ni flexibilidad técnica para mantener la actividad productiva. Entre las demandas aparecen una PAC con mayor presupuesto y menos trámites burocráticos, medidas de transición justas y mecanismos que acompañen técnicamente a las explotaciones hacia prácticas sostenibles económicamente viables.
En relación con normativa ambiental, los convocantes se muestran preocupados por la Ley de Restauración de la Naturaleza y solicitan que cualquier exigencia adicional venga acompañada de financiación específica y plazos realistas. Subrayan que la transición ecológica debe diseñarse de forma que no provoque cierres de explotaciones ni pérdida de empleos rurales, y piden planes sectoriales que integren producción, conservación y desarrollo rural.
Las reivindicaciones prácticas del movimiento incluyen también inversión en infraestructuras de riego y mejora de redes hidráulicas, modernización de infraestructuras locales y apoyo a proyectos de regadío sostenible. En sanidad animal exigen una revisión del Plan Nacional de Sanidad Animal con recursos para la investigación y el desarrollo de vacunas eficaces frente a enfermedades como la tuberculosis bovina y la lengua azul, para reducir pérdidas sanitarias y limitar restricciones comerciales que afectan a la renta ganadera. Los convocantes insisten en que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de sostenibilidad económica y sanitaria para ser efectiva.
La acampada, coordinada por organizaciones provinciales, arranca con previsión de que más agricultores se sumen en los próximos días y sin fecha de conclusión fijada por los convocantes. Los representantes dicen estar abiertos a un diálogo que ofrezca soluciones concretas y calendarios verificables; de no producirse, advierten que intensificarán movilizaciones. El foco del movimiento está puesto en lograr medidas estructurales que permitan mantener la producción nacional, estabilizar costes y asegurar condiciones de competencia equitativas en los mercados internacionales.
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