La Junta de Castilla y León invertirá 27 millones de euros para modernizar 24.221 hectáreas en el noroeste de la provincia de Valladolid, incluida la construcción de más de 392 kilómetros de caminos rurales que acompañarán procesos de concentración parcelaria. Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) dentro del Plan Estratégico de la PAC, se plantea como un proyecto de modernización agraria con medidas sobre caminos, drenajes, puentes y accesos que beneficiarán a propietarios y explotaciones de la zona. La consejería responsable coordina el proyecto con ayuntamientos y técnicos para ejecutar las obras por fases y minimizar el impacto sobre la actividad agrícola durante la campaña en curso y las siguientes anualidades. El anuncio y los detalles se trasladaron a alcaldes y agricultores en un encuentro local celebrado en la zona, donde se explicaron los objetivos técnicos y sociales de la intervención.
Ámbitos de actuación
Las actuaciones se concentran en seis municipios del noroeste de Valladolid: Medina de Rioseco, Villanueva de San Mancio, Tamariz de Campos, Tordehumos, Villabrágima y Morales de Campos, y afectarán a casi 8.700 parcelas pertenecientes a más de 1.900 propietarios. El proyecto contempla obras sobre caminos (más de 392 km), reparación de puentes (7), construcción de puentes nuevos (3), más de 100 entronques con carreteras y la instalación de más de 1.850 caños de fábrica para drenaje, con objetivos tanto de mejora operativa como de ordenación del territorio. La concentración parcelaria asociada reorganizará la tenencia y el acceso a la tierra para reducir la fragmentación y favorecer explotaciones más eficientes.
El paquete de intervención se divide en dos bloques de ejecución: el primero, que afecta a Medina de Rioseco, Villanueva de San Mancio y Tamariz de Campos, cuenta con una inversión superior a 12 millones de euros y abarca más de 9.400 hectáreas, incluidas 1.316 hectáreas de regadío; en esta zona se construirá una red de caminos superior a 180 kilómetros y se adecentarán más de 15 kilómetros de circunvalación para evitar el paso de maquinaria por el interior de los núcleos urbanos. Estas circunvalaciones buscan reducir riesgos en seguridad vial y preservar el tejido urbano frente al tránsito de maquinaria pesada.
El segundo bloque afecta a Tordehumos, Villabrágima y Morales de Campos y moviliza casi 15 millones de euros para intervenir sobre aproximadamente 14.800 hectáreas; en esta área se prevén 212 kilómetros de caminos rurales y actuaciones sobre puentes hidráulicos (reparación de cuatro y construcción de uno nuevo), además de medidas de restauración ambiental en tramos fluviales. En conjunto, las obras buscan compatibilizar las infraestructuras agrarias con la planificación viaria de mayor rango, incluida la futura autovía A-60, y mejorar la gestión hidráulica de cursos como el río Sequillo.
Impacto en explotaciones y medio rural
La concentración parcelaria y la mejora de infraestructuras generan efectos directos en costes y tiempo de trabajo: la consejería estima que la reorganización podrá reducir hasta un 45 % los desplazamientos de maquinaria, lo que produce menos consumo de combustible y menor coste operativo por hectárea. La reducción de desplazamientos y la existencia de vías adaptadas facilitan labores de siembra, tratamientos y cosecha, e incentivan inversiones en maquinaria y tecnologías de precisión al mejorar la viabilidad económica de las explotaciones.
Además de los beneficios productivos, el plan incorpora actuaciones ambientales y de calidad de vida: reparación y construcción de puentes sobre el río Sequillo, restauración de zonas de préstamo, repoblaciones con especies autóctonas y creación de áreas recreativas; estas medidas buscan compatibilizar modernización agraria y recuperación ambiental para mejorar la resiliencia de paisajes agrarios. La ejecución de entronques y drenajes también se orienta a mejorar la seguridad vial y la capacidad de drenaje en episodios de precipitación intensa.
Las obras están cofinanciadas por Feader dentro de la PAC y, según la administración regional, no supondrán coste directo para los propietarios beneficiarios; la Junta gestiona además trámites técnicos y legales para acelerar expropiaciones temporales, deslindes y la redacción de proyectos constructivos. Actualmente la Consejería trabaja en procesos de concentración parcelaria que afectan a más de 56.000 hectáreas en la provincia, lo que sitúa estas intervenciones como parte de una estrategia regional más amplia para ordenar la tierra y mejorar la competitividad del campo.
A futuro, la Junta plantea ejecutar las obras por fases respetando los calendarios agrícolas y priorizando tramos con mayor impacto operativo, manteniendo la coordinación con ayuntamientos y comunidades de regantes. El objetivo declarado es que las infraestructuras no solo reduzcan costes de producción y mejoren la accesibilidad, sino que también faciliten el relevo generacional, atraigan nuevas inversiones agrarias y contribuyan a fijar población en municipios con presión demográfica. En conjunto, la intervención aspira a convertir la concentración parcelaria en una herramienta tangible para un campo más moderno, eficiente y sostenible.
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