La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta ha emitido en 2026 una declaración de impacto ambiental favorable para la nueva granja de Grupo Huevos Guillén en Ribera del Fresno (Badajoz), que cuando funcione a pleno rendimiento tendrá capacidad para 320.000 aves, una producción anual prevista de 96.960.000 huevos y una inversión total de 14,5 millones de euros. El proyecto se desarrolla bajo la sociedad Dehesa de Monfragüe y contempla la implantación progresiva del complejo avícola de gallinas camperas hasta su finalización en el primer trimestre de 2027. La resolución publicada por la Administración regional fija las condiciones que la promotora deberá cumplir para justificar la ausencia de efectos ambientales significativos y garantizar la compatibilidad del proyecto con el entorno rural de la zona.
El complejo se distribuirá en ocho naves de puesta y ocupa una superficie total de 191,6 hectáreas repartidas entre varias parcelas del término municipal, con acceso por la carretera BA-122 que conecta Ribera del Fresno con Hinojosa del Valle. La ejecución será gradual: fases de obra, puesta en marcha de naves y entrada en ciclos productivos hasta alcanzar la capacidad máxima, lo que permite escalonar inversiones y operaciones técnicas durante 2026 y los primeros meses de 2027. La distribución por parcelas y la dimensión de la parcela global facilitan la planificación de accesos, áreas de manejo y zonas de amortiguamiento ambiental.
La evaluación ambiental concluye que, siempre que se apliquen las condiciones establecidas, no es previsible la generación de impactos ambientales significativos por la construcción y explotación del complejo; en particular la declaración exige medidas preventivas, correctoras y compensatorias que la promotora deberá incluir en su plan de gestión. Ese marco exigido por la autoridad regional obliga a priorizar prácticas de gestión de residuos orgánicos, control de emisiones atmosféricas y control de ruidos y olores, así como a establecer sistemas de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento durante la explotación.
Entre las soluciones técnicas y operativas que se esperan implantar como parte del cumplimiento ambiental figuran sistemas de gestión integrada del estiércol y subproductos, protocolos de bioseguridad para minimizar riesgos sanitarios y programas de control de aguas pluviales y efluentes; asimismo, la documentación ambiental presentada por la promotora incorpora medidas de restauración y compensación para reducir la huella local del proyecto. La aplicación de tecnologías de control y monitorización —sensores de calidad del aire, gestión automatizada de purines y optimización energética— favorecerá el cumplimiento de los condicionantes administrativos y reducirá riesgos operativos.
Desde la perspectiva del sector, la puesta en marcha de esta granja supone un aumento significativo de la oferta de huevos de gallina camperas en el mercado español, con efectos directos sobre la logística de distribución y la cadena de valor de la producción avícola. El volumen estimado de producción anual puede impulsar acuerdos comerciales y requerirá coordinación con operadores de transporte y centros de clasificación, al tiempo que refuerza las necesidades de trazabilidad, bienestar animal y certificaciones que demandas mercados y consumidores.
La inversión prevista moviliza actividad en fase de construcción y generará demanda de servicios técnicos, suministros y personal especializado durante la implantación y la explotación; la promotora deberá además garantizar planes de formación, seguridad laboral y cumplimiento normativo para el personal involucrado. A corto plazo, las autoridades mantendrán la vigilancia administrativa y ambiental, exigiendo la implantación de las medidas y la presentación de informes periódicos de seguimiento para validar que la explotación se desarrolla conforme a la declaración.
En definitiva, la autorización ambiental otorga viabilidad administrativa al proyecto pero condiciona su continuidad al cumplimiento estricto de las medidas ambientalmente protectoras y de bioseguridad; su implantación prevista para 2027 será un ejemplo de cómo integrar inversión productiva y controles ambientales en la ampliación de la capacidad avícola en áreas rurales de Extremadura.
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