El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado la Circular 18/2026 que fija el Plan Nacional de Controles Administrativos para las superficies declaradas en la Solicitud Única de la campaña PAC 2026 y busca armonizar criterios entre las comunidades autónomas para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y asegurar la igualdad de trato a los beneficiarios. La Circular 18/2026 establece plazos, requisitos de actividad agraria y medidas reforzadas contra el fraude, con ámbitos específicos para la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), la ayuda redistributiva complementaria y la ayuda complementaria a jóvenes agricultores. El documento, consensuado con las comunidades autónomas, pretende uniformar procedimientos y facilitar la interoperabilidad en los controles administrativos y de monitorización.
Procedimientos de control
Para permitir la corrección de solicitudes tras los controles preliminares o alertas, el FEGA fija el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para adaptar o retirar total o parcialmente las solicitudes de ayuda, y las comunidades autónomas deberán implantar sistemas de alertas que informen a los solicitantes sobre posibles incumplimientos detectados. Los beneficiarios deberán acreditar la actividad agraria en las parcelas declaradas mediante producción, cría o cultivo, o mediante el mantenimiento de las superficies en un estado adecuado para la actividad agrícola; en caso contrario, la superficie podrá quedar excluida de la subvención. El plazo máximo para subsanar inconsistencias es el 31 de agosto de 2026, un hito pensado para reducir sanciones y evitar pagos indebidos mediante actuaciones tempranas de las administraciones autonómicas.
Las parcelas declaradas como mantenimiento no podrán seguir siendo elegibles si se demuestra un abandono continuado: el plan establece que las superficies que manifiesten exclusivamente actividades de mantenimiento durante más de cinco años consecutivos no serán subvencionables. Para pastos, se exigirá coherencia entre la superficie declarada y la cabaña ganadera, con la posibilidad de aplicar una carga ganadera mínima orientativa de 0,20 UGM por hectárea para detectar declaraciones desproporcionadas respecto a la explotación.
Compatibilidad de infraestructuras y cultivos especiales
El informe contiene criterios claros sobre la compatibilidad de infraestructuras energéticas con la actividad agraria: instalaciones como placas solares o aerogeneradores se consideran por defecto superficies improductivas, aunque en proyectos agrivoltaicos la totalidad de la parcela podrá seguir siendo elegible si se acredita la compatibilidad con la actividad agrícola y rendimientos similares a los previos. Para explotaciones que apuesten por soluciones duales, será necesario documentar técnicas de gestión, diseño de sombras y pruebas de producción que demuestren la conservación de la actividad agraria.
En el caso del cultivo de cáñamo, la Circular exige la declaración de variedades empleadas, etiquetas oficiales y la aportación de un contrato con la industria transformadora cuando proceda, como requisito para la elegibilidad y trazabilidad de la producción. Estas medidas pretenden evitar fraudes vinculados a cultivos reglamentados y asegurar la trazabilidad desde la parcela hasta la cadena industrial.
Régimen de tenencia y lucha contra el fraude
Los solicitantes deben indicar el régimen de tenencia de cada parcela (propiedad, arrendamiento o aparcería) y, en arrendamientos sobre recintos mayores a una hectárea, es obligatorio incluir el NIF del arrendador; la ausencia de esta información o de la identificación del régimen de tenencia invalidará la superficie para el cobro de la ayuda. Las autoridades autonómicas y el FEGA intensificarán la detección de la creación de condiciones artificiales para obtener ventajas injustificadas, realizando análisis de riesgo y estudios caso por caso; si se confirma fraude, se procederá a la recuperación retroactiva de los importes indebidos.
Además de las investigaciones económicas y de campo, el plan incorpora medidas de integridad administrativa: todo el personal implicado en la gestión deberá firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses para reforzar la trazabilidad y la transparencia en los procesos de control. El Plan prioriza la detección de fraudes y la recuperación de pagos indebidos con carácter retroactivo, acompañada de procedimientos de coordinación entre administraciones para intercambiar información y cerrar vacíos administrativos.
Implicaciones para agricultores y perspectivas futuras
La Circular 18/2026 obliga a los solicitantes a mejorar la documentación de sus parcelas, contratos y prácticas agrarias para garantizar la elegibilidad y minimizar el riesgo de sanciones o exclusiones de pago; los técnicos de las comunidades autónomas ofrecerán sistemas de alerta y de apoyo para la subsanación dentro del plazo establecido. Para explotaciones que incorporen energía renovable o modelos agrivoltaicos, el plan plantea una ventana de oportunidad siempre que se demuestre compatibilidad productiva, lo que incentiva la inversión en diseño y seguimiento técnico.
En conjunto, el plan de controles para la PAC 2026 busca combinar la protección del gasto público con una mayor seguridad jurídica para los productores, promoviendo la transparencia y la adaptación tecnológica en la gestión de superficies agrícolas; los solicitantes deben prepararse a corto plazo para cumplir requisitos de trazabilidad, contratos y pruebas de actividad que serán evaluadas por las administraciones en los próximos meses.
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