Un informe reciente del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC (IEGD-CSIC) en 2026 muestra que el 6% de las ayudas de la PAC se concentra en el 2,2% de explotaciones más grandes, mientras que muchas explotaciones con mejor desempeño socioambiental reciben proporcionalmente menos apoyo. El estudio analiza la distribución de ayudas usando datos de la Red Contable Agraria Nacional y clasifica las explotaciones en cinco categorías según su resiliencia económica, social y ambiental. Los autores advierten que la actual arquitectura de pagos está desalineada con los objetivos de sostenibilidad y cohesión territorial planteados para la próxima etapa de la PAC. El informe plantea cambios operativos y criterios de priorización para la reforma 2028-2032 con el objetivo de reorientar fondos hacia explotaciones que generan bienes públicos ambientales y sociales.
El trabajo identifica una paradoja clara: casi el 90% de las explotaciones de mayor tamaño muestran una aportación socioambiental reducida y, sin embargo, concentran una parte desproporcionada de los pagos directos. Según el análisis, las explotaciones de mayor dimensión —con una producción anual aproximada de 500.000 euros— concentran cerca del 6% de los pagos PAC a nivel nacional, pese a representar únicamente el 2,2% del conjunto de explotaciones. En paralelo, explotaciones de tamaño medio e intermedio —con una producción estándar anual en torno a 100.000 euros y lideradas con frecuencia por mujeres y jóvenes— desarrollan prácticas más diversificadas y respetuosas (ganadería extensiva, agricultura ecológica, menor uso de pesticidas), pero dependen en mayor medida de las ayudas y reciben menos apoyo proporcionalmente.
El informe agrupa casi 360.000 explotaciones en las categorías de menor resiliencia (grupos 2 y 3), en buena parte explotaciones de pequeño tamaño con una producción media anual cercana a los 60.000 euros, que a pesar de presentar resiliencia económica comparable a explotaciones más sostenibles, concentran la mayor parte de los pagos. El estudio documenta relaciones causa-efecto entre el diseño de los pagos directos y la persistencia de estructuras productivas menos orientadas a bienes públicos: los pagos por superficie y otras vinculaciones indirectas incentivan la concentración de recursos en grandes extensiones. Los autores utilizan indicadores económicos y socioambientales para medir empleo rural generado, prácticas de manejo y contribución a la biodiversidad y al mantenimiento del territorio.
El análisis distingue claramente el papel de los dos pilares de la PAC en vigor: el Pilar I tiende a favorecer explotaciones de mayor dimensión mientras que el Pilar II apoya con más eficacia modelos agrarios resilientes. Las ayudas del Pilar I, basadas en pagos directos normalmente independientes de la producción y ligadas a superficie, explican gran parte de la concentración observada; en cambio, las medidas de Pilar II —desarrollo rural, incentivos para la producción ecológica, inversiones productivas y programas de incorporación— muestran mejor alineación con explotaciones que aportan bienes socioambientales. El informe sugiere que reforzar y redesplegar instrumentos del Pilar II, además de reformar la arquitectura de pagos del Pilar I, es clave para la transición hacia un modelo más sostenible.
Los investigadores plantean tres ejes operativos para la reforma PAC 2028-2032: reorientar pagos hacia la provisión de bienes públicos ambientales y sociales; impulsar inversiones en modernización sostenible y en producción ecológica para reducir dependencia de ayudas; y diseñar medidas específicas para apoyar a mujeres y jóvenes y a la agricultura familiar en zonas despobladas. Para ello proponen criterios de prioridad vinculados a resultados verificables —por ejemplo, reducción de uso de fitosanitarios de síntesis, aumento de la superficie dedicada a pastos extensivos, creación de empleo rural— y mecanismos de redistribución que limiten la concentración de pagos por superficie. También consideran útiles incentivos acoplados a la adopción de prácticas regenerativas y pagos por servicios ecosistémicos que compensen la provisión de beneficios ambientales.
Las implicaciones políticas y económicas son directas: rediseñar los pagos podría mejorar la resiliencia socioeconómica del medio rural, reducir la vulnerabilidad de explotaciones más sostenibles y favorecer prácticas con mayor valor público. A nivel práctico, el informe identifica palancas concretas disponibles para la negociación y ejecución de la PAC, como la priorización de ecoesquemas, la orientación de inversiones del desarrollo rural hacia digitalización verde y la combinación de pagos redistributivos con ayudas específicas a jóvenes y mujeres. Los autores advierten, no obstante, que los cambios requerirán criterios de evaluación robustos, sistemas de control y presupuesto reorientado para que la reforma produzca efectos verificables durante el periodo 2028-2032 y siguientes.
El trabajo fue elaborado por Idoia Urrutia Larrachea, Soledad Cuevas García-Dorado y Daniel López-García, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), quienes subrayan la capacidad de la PAC para impulsar transiciones cuando sus instrumentos están alineados con resultados ambientales y sociales. El informe concluye que, si las decisiones de diseño y asignación de fondos se orientan hacia explotaciones con mayor desempeño socioambiental y mayor dependencia de las ayudas, la PAC podrá ser una palanca efectiva para la sostenibilidad y el equilibrio territorial en España.
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