La Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) han puesto en marcha en 2026 un estudio técnico destinado a evaluar el uso agrícola del alperujo fresco y reducir costes operativos de las almazaras. El proyecto busca generar datos científicos que respalden una petición ante el Ministerio de Agricultura para adaptar la normativa estatal a prácticas controladas en campo.
La iniciativa cuenta con colaboración institucional entre la Conselleria de Agricultura y el IVIA para elaborar protocolos y evidencias técnicas. El director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández Pardo, ha subrayado que el objetivo es avanzar “con rigor técnico” para que las almazaras dispongan de soluciones viables y seguras, compatibles con criterios agronómicos y ambientales.
En la Comunitat Valenciana operan alrededor de 138 almazaras, muchas de ellas cooperativas de pequeña escala, que en condiciones normales transforman entre 100.000 y 120.000 toneladas de aceituna y generan un volumen similar de alperujo. El estudio pretende abordar la gestión de ese subproducto para ofrecer salidas técnicas que reduzcan costes y fomenten la circularidad en el olivar.
Actualmente la normativa estatal autoriza el uso agrícola del compost de alperujo, del alperujo desecado y de los efluentes de almazara, pero prohíbe expresamente la aplicación directa del alperujo húmedo sobre el terreno; el nuevo trabajo técnico busca aportar evidencia para matizar esa restricción bajo condiciones controladas. La Conselleria enfatiza que cualquier cambio regulatorio debe priorizar la protección de suelos y aguas y la prevención de fitotoxicidad.
Entre las líneas de investigación que impulsará el IVIA están la determinación de dosis seguras por tipo de cultivo y suelo, la evaluación de riesgos de fitotoxicidad ligados a fenoles y ácidos orgánicos, el impacto en parámetros de calidad del suelo (pH, materia orgánica, nitratos) y la definición de sistemas de pretratamiento y aplicación. El estudio incluirá ensayos de campo, análisis químicos y protocolos de seguimiento ambiental.
Como ejemplos concretos, el trabajo evaluará técnicas de manejo como la separación sólido-líquido, el tiempo de asentamiento, la dilución en agua de riego y la aplicación en franjas o incorporaciones superficiales, así como períodos de espera antes de la siembra o de la recolección. También se considerarán sistemas complementarios como digestión anaerobia o compostaje controlado cuando la incorporación directa no sea viable.
Los resultados que se obtengan permitirán plantear al Ministerio una propuesta regulatoria basada en criterios cuantificables: límites de aplicación por hectárea, valores máximos de carga de materia orgánica y compuestos potencialmente fitotóxicos, franjas de protección de aguas y requisitos de certificación para las almazaras aplicadoras. Ese enfoque técnico busca convertir un residuo con costes de gestión en un recurso agronómico aprovechable con garantías.
El impacto previsto para las pequeñas almazaras y cooperativas es doble: por un lado, ahorro en transporte y tratamiento del alperujo; por otro, retorno de nutrientes y materia orgánica al cultivo que puede mejorar la salud del suelo a medio plazo. La Generalitat y el IVIA insisten en que la adopción de estas prácticas solo se planteará si los protocolos garantizan la protección ambiental y la inocuidad agrícola.
El estudio arrancó en 2026 y contempla fases sucesivas de ensayo, validación y difusión técnica; se prevé que los primeros resultados científicos permitan abrir un diálogo con el Ministerio de Agricultura y con el sector oleícola a lo largo de 2026 y 2027. Paralelamente, la Conselleria promoverá formación y materiales técnicos para que almazaras y cooperativas puedan adoptar buenas prácticas cuando la regulación lo permita.
En síntesis, la iniciativa pretende conciliar economía y sostenibilidad en el manejo del alperujo: proporcionar evidencia técnica para una posible flexibilización regulatoria bajo condiciones controladas, reducir los costes de gestión de subproductos y promover prácticas de economía circular que beneficien al olivar valenciano sin poner en riesgo suelos ni recursos hídricos.
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