Fundación Ingenio (FI) y SOS Rural advirtieron al Ministerio de Agricultura en 2026 de que la proliferación de plagas y la falta de herramientas eficaces para combatirlas pueden trasladarse directamente al precio de los alimentos frescos. En una reunión con responsables de la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias del MAPA, las organizaciones expusieron un diagnóstico que vincula la reducción de oferta efectiva con un probable incremento del coste de la cesta de la compra. Según las ONG, la combinación de plagas más extendidas, restricciones en el uso de fitosanitarios y rechazos comerciales está reduciendo la cantidad de fruta y hortaliza que llega a los consumidores. Este cuadro, sostienen, crea un riesgo real de inflación en productos frescos si no se adoptan medidas coordinadas y urgentes.
Riesgos para la oferta y efectos en el consumidor
Según SOS Rural, la presión sobre cultivos hortícolas y frutales ya tiene impactos medibles en superficies productivas y en la logística de comercialización, lo que puede provocar menos producto disponible en los lineales y mayor volatilidad de precios. En 2026, alertan, una plaga de pulgones afecta ya a unas 20.000 hectáreas en zonas claves como Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, con pérdidas en rendimiento y calidad que obligan a retiradas o rechazos por criterios comerciales. El efecto inmediato es doble: menores volúmenes exportables y mayor necesidad de medidas de control que aumentan costes de producción; ambos factores empujan al alza los precios minoristas.
Además, las organizaciones citan enfermedades emergentes y riesgos latentes como el HLB (huanglongbing), que en otros países ha causado descensos drásticos de producción de cítricos y que representa una amenaza para la viabilidad de explotaciones si no se implantan sistemas de detección y contención robustos. La presencia creciente de especies exóticas también añade presión: estimaciones europeas señalan la posibilidad de que decenas de especies invasoras con alto riesgo ambiental se establezcan en los próximos años, elevando la vulnerabilidad del sistema productivo.
Propuestas y demandas al Gobierno
FI y SOS Rural reclamaron al Gobierno español una estrategia integral de respuesta que combine control físico, cultural, biológico y biotecnológico, y que incorpore modelos predictivos para anticipar brotes. En su petición figura la activación puntual del artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009 para autorizar excepcional y temporalmente usos de fitosanitarios no autorizados cuando exista una emergencia real; la medida contempla autorizaciones por un máximo de 120 días y, según las organizaciones, debe usarse con criterios claros y limitados. Para respaldar esta petición, ambas entidades registraron en el MAPA cerca de 6.000 firmas de apoyo y demandaron protocolos rápidos de respuesta y acceso a insumos que permitan controlar plagas sin comprometer la seguridad alimentaria ni el medio ambiente.
El MAPA, por su parte, ha mostrado reticencia a activar autorizaciones excepcionales en la situación actual, al considerar que no se cumplen los requisitos necesarios para su activación, según trasladaron fuentes ministeriales a las entidades. FI y SOS Rural comparan esta postura con la de otros Estados miembros que han recurrido a medidas similares en episodios concretos y piden que España evalúe con mayor agilidad los umbrales de emergencia y los mecanismos de control fitosanitario en fronteras y puertos.
Comercio exterior y competencia: un factor añadido
Las organizaciones denuncian asimismo una competencia desigual por la entrada de productos procedentes de países del Mercosur y otros mercados externos donde se emplean materias activas no autorizadas en la UE o con requisitos de producción menos estrictos. Aunque los productos deben cumplir los límites máximos de residuos (LMR) al entrar en la Unión, el sector reclama medidas más estrictas en controles fronterizos y certificación para evitar distorsiones que penalicen a agricultores que aplican normativas más exigentes en España y Europa.
Impacto en los costes de producción
A las amenazas fitosanitarias se suma el encarecimiento de insumos por tensiones geopolíticas y logísticas que afectan a fertilizantes y materias primas agrícolas, lo que incrementa el coste por hectárea. Las organizaciones advierten que restricciones en fitosanitarios sin alternativas asequibles y eficaces, junto al aumento del precio de fertilizantes, pueden erosionar la rentabilidad de explotaciones y reducir oferta. Esta relación directa entre costes de producción y precios al consumidor es central en el argumento de FI y SOS Rural: menos herramientas y mayores costes implican menor producción y, por tanto, subidas en el mercado minorista.
Demandas a la UE y enfoque integrado
FI y SOS Rural han elevado su petición al plano europeo, solicitando reuniones con responsables comunitarios para debatir la política fitosanitaria de la UE y buscar un equilibrio entre protección ambiental, salud pública y viabilidad económica del sector. En sus cartas piden impulsar investigación aplicada, acelerar la aprobación de soluciones biológicas y biotecnológicas seguras, y coordinar respuestas entre Estados miembros para evitar prácticas divergentes que perjudiquen la cadena agroalimentaria.
Pasos prácticos reclamados por el sector
Las organizaciones plantean varias medidas concretas: reforzar la vigilancia fitosanitaria y controles fronterizos, desplegar modelos predictivos basados en datos meteorológicos y fitosanitarios, financiar programas de investigación para alternativas biológicas, y diseñar mecanismos de autorización rápida en emergencias con criterios de transparencia. Estas medidas buscan, según FI y SOS Rural, permitir respuestas eficaces sin sacrificar los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental.
Balance y perspectivas
La advertencia de Fundación Ingenio y SOS Rural subraya que la gestión de plagas y enfermedades será un factor determinante para la producción y el precio de frutas y hortalizas en 2026 y en los próximos años. Si no se combinan prevención, tecnología y políticas públicas ágiles, el sector afronta una mayor volatilidad y riesgo de encarecimiento para el consumidor, mientras que una estrategia integrada y apoyada por la UE podría mitigar impactos y mejorar la resiliencia del campo español.
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