Los regantes del sector XXI de la margen izquierda del río Alagón han iniciado en 2026 una nueva vía judicial para impugnar las derramas que les reclama la comunidad de regantes por el gasto eléctrico asociado a una instalación de impulsión. Denuncian que se les reclama un sobrecoste por un suministro cuya instalación no es titular ni gestiona la comunidad, lo que, según ellos, vulnera la normativa vigente y genera una carga económica insostenible.
Quiénes están afectados
Según fuentes de la propia agrupación de regantes, la comunidad del Alagón abarca 33.000 hectáreas, con cerca de 18.600 hectáreas en la margen izquierda. En esa margen izquierda hay 2.397 regantes que comparten los gastos de elevación por cultivarse parcelas por encima de la cota de riego. Dentro de ese ámbito, el sector XXI reúne aproximadamente 1.187 hectáreas pertenecientes a 54 titulares, pero la afección práctica alcanza a unas 70 familias porque parte de las parcelas están en manos del Ayuntamiento de Galisteo y son explotadas por diversos arrendatarios.
Reclamación y argumentos
Según Javier Fuentes, portavoz de los regantes afectados, la comunidad les está reclamando derramas vinculadas al consumo eléctrico de una instalación que, a su juicio, no es competencia ni titularidad de la entidad que emite los recibos. Fuentes afirma que el contrato de suministro figura a nombre de la comunidad de regantes, pero considera que ese contrato es nulo porque la comunidad no es responsable legal de la instalación. En consecuencia, han presentado reclamaciones administrativas y han interpuesto una denuncia contra la Confederación Hidrográfica del Tajo por la presunta nulidad de la cesión del recibo eléctrico.
Impacto económico y social
Los regantes afectados describen una situación de asfixia financiera: algunos comunicantes aseguran haber abonado cantidades acumuladas que alcanzan o superan los seis dígitos. Los costes eléctricos derivados del riego por aspersión han disparado los gastos de explotación hasta niveles que muchos consideran insostenibles. Según declaraciones recogidas por los representantes de los regantes, existen casos en los que el coste efectivo por hectárea asociado a la energía ha superado los 300 euros, una cifra que afecta directamente a la viabilidad de los cultivos y la capacidad de inversión de las explotaciones familiares.
Consecuencias prácticas
Pérdida de competitividad de cultivos intensivos que dependen de riego por aspersión.
Endeudamiento de agricultores que recurren a préstamos para hacer frente a derramas.
Riesgo de procedimientos de apremio sobre bienes si los pagos son reclamados por administraciones que asumen el cobro.
Estrategia jurídica y administrativa
Los regantes buscan por la vía judicial anular las facturaciones que consideran improcedentes y exigir que la entidad responsable de la instalación asuma los costes de gestión eléctrica. Paralelamente reclaman transparencia documental: han solicitado acceso a contratos y expedientes para verificar la titularidad y las cláusulas de cesión del suministro. Los afectados esperan que la justicia aclare si la comunidad tenía competencias para ceder el recibo y si la Confederación Hidrográfica debe asumir responsabilidades o retrocesos en la facturación.
Posibles soluciones técnicas y de gestión
Los actores locales y expertos en regadío suelen proponer medidas que minimicen el impacto económico y mejoren la equidad en la distribución de costes. Entre las alternativas planteables figuran:
Auditoría técnica de la instalación de impulsión para determinar titularidad, estado de conservación y cumplimiento de la normativa eléctrica.
Revisión contractual y, si procede, regularización de la titularidad del suministro y de la cesión del recibo con la administración competente.
Meterización individual o por sectores que permita asignar consumos reales y evitar cuotas fijas injustificadas.
Modernización energética de las bombas (variadores de frecuencia, eficiencia de motores) y evaluación de instalaciones fotovoltaicas asociadas para reducir el coste eléctrico a medio plazo.
Solicitud de ayudas públicas o programas de eficiencia energética para comunidades de regantes, que incluyan subvenciones a la electrificación y a la instalación de renovables.
Efectos a futuro y demandas del sector
Los regantes exigen claridad normativa y seguridad jurídica para planificar campañas agrícolas y gestionar inversiones. Reclaman a las administraciones una respuesta que combine soluciones administrativas (revisión de contratos y adecuación de cobros), técnicas (modernización y auditorías) y financieras (acceso a líneas de apoyo para amortiguar el impacto a corto plazo).
Según los representantes del sector, sin medidas correctoras se compromete la sostenibilidad de explotaciones familiares y la actividad agraria local. La resolución judicial y la gestión administrativa en 2026 serán determinantes para definir quién asume los costes estructurales del riego por impulsión y cómo se reparte la carga entre usuarios con distintos sistemas de riego (aspersión frente a gravedad).
Conclusión
El caso del sector XXI del Alagón pone de manifiesto un problema práctico y generalizable: la necesidad de que la titularidad, la gestión y la facturación del suministro eléctrico en regadíos estén correctamente definidas y se adapten a las normas actuales. Mientras la vía judicial y las reclamaciones administrativas avanzan, los regantes piden medidas urgentes que eviten la pérdida de explotaciones y fomenten la modernización energética como salida sostenible a la crisis de costes que afrontan en 2026 y en el futuro inmediato.
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