En 2026 el debate político sobre el agua en la Axarquía se centra en dos propuestas contrapuestas para garantizar riego: recuperar dotaciones desde la presa de La Viñuela o priorizar inversiones en reutilización y planificación del suministro. Las diferencias entre PSOE y PP afectan a comunidades de regantes, a productores de frutas y subtropicales y a las administraciones responsables de la planificación hidráulica. Los agricultores reclaman seguridad en el suministro y previsibilidad en las dotaciones para programar siembras y gestionar costes operativos, mientras los partidos debaten la vía para alcanzarlo.
El PSOE exige recuperar las dotaciones de riego vinculadas a La Viñuela para restablecer la capacidad de riego de las explotaciones de la comarca. Los socialistas plantean que la prioridad sea volver a niveles de dotación que permitan sostener huertas, olivar y cultivos subtropicales, argumentando que el acceso a más volumen de agua directa reduce la presión sobre costes energéticos y la necesidad de inversiones inmediatas por parte de los regantes. Desde su perspectiva, disponer de caudales gestionados desde el embalse permitiría a las comunidades de regantes planificar rotaciones y contratos comerciales con mayor seguridad.
El PP apuesta por impulsar el uso de aguas regeneradas y por concentrar inversión en infraestructuras y planificación a medio plazo. Los populares defienden que la reutilización tratada de aguas urbanas y el impulso de plantas de regeneración en el litoral reducirán la dependencia de embalses y aportarán suministro estable, además de ofrecer una solución compatible con objetivos de sostenibilidad. Su propuesta incluye modernizar redes de distribución, fomentar plantas de tratamiento con estándares para uso agrario y articular incentivos para que comunidades de regantes y empresas agrícolas adapten cultivos y técnicas de riego.
El conflicto entre ambas posiciones se traduce en efectos directos para el sector: la incertidumbre sobre dotaciones y la ausencia de un plan consensuado dificultan la toma de decisiones de inversión en modernización y en cultivos de mayor valor. Sin una hoja de ruta clara, muchas explotaciones demoran la instalación de riego localizado o la reforma de balsas de acumulación, lo que a su vez mantiene costes de producción elevados y riesgo climático para los cultivos. La falta de acuerdo político incrementa la exposición al precio de la energía y a la variabilidad hídrica en episodios secos.
Para técnicos y regantes la solución exige combinar medidas: aumentar la eficiencia, impulsar reutilización y coordinar infraestructuras y normativa. Entre las soluciones técnicas con mayor impacto inmediato destacan la extensión del riego por goteo y la incorporación de telecontrol y sondas de humedad, que pueden reducir el consumo de agua entre un 25% y un 40% en parcelas ya modernizadas; la creación de depósitos intermedios y la mejora de redes de conducción para limitar pérdidas; y el uso regulado de aguas regeneradas tratadas para riego, con controles de calidad adaptados a cada tipo de cultivo.
En términos financieros, la transición requerirá combinar fondos públicos y privados y programas de apoyo a comunidades de regantes para amortizar instalaciones de tratamiento y de modernización. Administraciones y agentes del sector plantean la necesidad de programar líneas de ayuda específicas y plazos de ejecución claros para que las inversiones sean viables económicamente y para que los agricultores perciban retorno en un horizonte razonable. Sin financiación y planificación técnica, la capacidad de absorber nuevas fuentes como las aguas regeneradas o desalación puede quedar desaprovechada.
A futuro, los expertos consultados abogan por un plan integral de gestión hídrica en la Axarquía que fije objetivos cuantificables de suministro, eficiencia y calidad del agua y que establezca calendarios y responsabilidades. Ese plan debería incluir estimaciones de costes, metas de reducción de pérdidas en redes, y escenarios de implantación de reutilización y de medidas de ahorro, con evaluación periódica. Una hoja de ruta consensuada permitiría reducir la confrontación política y orientar las inversiones hacia soluciones que beneficien a todos los actores.
Las alternativas tecnológicas y de gestión están disponibles y son complementarias: la disponibilidad de agua desde La Viñuela puede combinarse con usos de aguas regeneradas para sectores específicos y con medidas de eficiencia que bajen la demanda global. El desafío principal es articular prioridades y asegurar financiación y regulación que den cobertura legal y económica a proyectos de reutilización, modernización y almacenamiento, de modo que la oferta de agua sea estable y sostenible para las explotaciones agrícolas de la comarca.
En resumen, la disputa política actual plantea dos rutas —recuperar dotaciones desde el embalse o priorizar inversión y reutilización— pero la mayoría de agentes técnicos y del sector coinciden en que la opción más resiliente pasa por integrar ambas estrategias dentro de una planificación regional con objetivos y plazos concretos. Ese enfoque híbrido busca dar seguridad de riego a corto plazo y promover la sostenibilidad y eficiencia a medio y largo plazo, reduciendo riesgos económicos y ambientales para la agricultura de la Axarquía.
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