Según Manuel Pimentel, exministro y autor, la renuncia de la Unión Europea a mantener una producción estable de proteína animal en su territorio constituye una amenaza directa para la seguridad alimentaria y la asequibilidad de los alimentos. En la presentación de su libro sobre proteína animal durante un foro reciente del sector agroalimentario, Pimentel defendió que la delegación del suministro a importaciones externas crea vulnerabilidades que ya están afectando al mercado y a los consumidores. La UE está cediendo producción de proteína animal a terceros países, dijo, y advirtió que esa dependencia tendrá efectos económicos y sociales visibles si no se corrigen las prioridades políticas.
Pimentel explicó que la presión por reducir granjas, limitar regadíos y promover usos recreativos del campo ha acabado desplazando la actividad productiva lejos de las áreas donde se generan alimentos. Según su diagnóstico, esa dinámica provoca un doble efecto: menor oferta local y mayor dependencia de importaciones internacionales, lo que convierte la alimentación en un bien más expuesto a fluctuaciones externas. Además, señaló que la cadena de distribución exhibe una fuerte preocupación por garantizar suministros constantes, y que esa preocupación otorga al productor mayor margen de negociación en contextos de escasez. La necesidad de garantizar suministro está dando fuerza al productor frente a la distribución, afirmó.
El exministro vinculó de forma directa la caída de capacidad productiva con el encarecimiento de la cesta de la compra y con la pérdida de accesibilidad alimentaria para las rentas bajas y medias. Pimentel advirtió que, si continúan las restricciones a la producción, el freno al regadío y el cierre de explotaciones, el precio medio del carro de la compra podría elevarse de forma sostenida y situarse en torno a los 300 euros para muchas familias. Ese escenario, dijo, provocará protestas sociales y pondrá en tensión salarios y políticas públicas por la inflación alimentaria. Si se limita la producción y el regadío, los precios subirán y la buena alimentación quedará reservada a rentas altas, resumió.
Como ejemplos concretos, Pimentel mencionó la importancia de mantener regadíos productivos en áreas clave para el suministro de hortalizas y frutas a los mercados nacionales y europeos; advirtió que restricciones o cierres de trasvases y de infraestructuras hídricas pueden reducir la oferta hortofrutícola y disparar precios. Asimismo, señaló que los acuerdos comerciales que abren el mercado exterior a importaciones masivas sin condiciones equivalentes de calidad o bienestar animal reducen la capacidad de los productores locales para competir y erosionan la soberanía alimentaria.
En el plano de la distribución y la industria, el autor apuntó a dos tendencias que considera relevantes: la aversión de la gran distribución a estanterías vacías, que genera presiones logísticas y contractuales, y la reacción ante escasez, que puede traducirse en mayores márgenes o en demanda de precios estables. Para Pimentel, estos factores configuran un juego de fuerzas donde, ante restricción de oferta, el productor recupera poder y el consumidor pierde. La consecuencia prevista es un aumento en la volatilidad de precios y una caída en la accesibilidad de proteínas animales y productos frescos para consumidores con menor poder adquisitivo.
Pimentel también reflexionó sobre la responsabilidad social y política: dijo que la sociedad urbana ha dejado de valorar la producción primaria y, en consecuencia, no exige a sus representantes políticas coherentes con la seguridad alimentaria. Criticó la polarización política y afirmó que la sobreactuación partidista dificulta consensos necesarios para políticas de país que garanticen producción sostenible, inversión en regadíos eficientes y apoyo a explotaciones familiares y profesionales.
Entre medidas prácticas y propuestas, el autor apostó por recuperar prioridad estratégica para la producción de alimentos en las políticas públicas, mejorar la regulación del agua orientada a la productividad y la sostenibilidad, y facilitar procesos que garanticen mano de obra estable en el campo, incluida la regularización ordenada de trabajadores en situación irregular cuando resulte necesaria para cubrir demanda laboral. También defendió que los debates técnicos y las cifras deben entrar en la agenda política para equilibrar criterios ambientales, productivos y sociales.
Para impulsar cambios, Pimentel señaló la necesidad de tres pasos claros: 1. reducir la agresividad política y favorecer el consenso técnico y territorial; 2. reorientar políticas de agua y uso del suelo hacia la producción sostenible; 3. diseñar marcos normativos que garanticen competencia leal frente a importaciones y estándares que protejan calidad, bienestar animal y trazabilidad. Estas propuestas ligan directamente decisiones políticas con efectos medibles sobre oferta, precios y acceso a la alimentación.
En su balance final, el autor mostró cierta esperanza: observó que en foros y debates europeos la seguridad alimentaria está ocupando más espacio y que esta revalorización podría traducirse en medidas que frenen la pérdida de capacidad productiva. No obstante, advirtió que la mejora requerirá coherencia entre regulación ambiental, gestión del agua, comercio exterior y políticas de apoyo a explotaciones, porque sin ese enfoque integrado el riesgo de aumento de precios y de desigualdad en el acceso a alimentos de calidad seguirá siendo alto.
La intervención de Manuel Pimentel ha reabierto la discusión sobre prioridades públicas y la necesidad de políticas que compatibilicen sostenibilidad ambiental con producción suficiente y asequible, una cuestión que, según él, será central en la agenda agroalimentaria de los próximos años.
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