Según el grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, el Levante se encuentra actualmente "sin trasvase ni desaladoras" y reclama un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que garantice el suministro para la región. Los diputados regionales Antonio Martínez Nieto y Alberto Garre han participado en un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) en Pilar de la Horadada donde expusieron esa crítica sobre la política hídrica actual y exigieron soluciones de alcance nacional.
Reclamos de Vox y exdiputados
Durante el encuentro, los representantes de Vox atribuyeron la situación a decisiones políticas que, en su opinión, han priorizado criterios ambientales y acuerdos partidistas por encima del abastecimiento y la producción agrícola del Levante. Vox sostiene que las imposiciones sobre caudales ecológicos y la gestión del bipartidismo han reducido la disponibilidad del trasvase Tajo-Segura y dificultado el desarrollo de desalación en la zona, lo que, según sus portavoces, afecta a cultivos y a la soberanía alimentaria regional.
José Ángel Antelo y Virginia Martínez, exdiputados en la Asamblea y ahora en el grupo Mixto, respaldaron la defensa del trasvase y ampliaron el debate hacia otras infraestructuras, reclamando que el agua sobrante en cuencas con excedentes se aproveche para regadío en el Levante. Antelo subrayó la demanda de impulsar el trasvase del Ebro como infraestructura que, según él, puede servir para sostener riberas y evitar desperdicios de agua en origen, mientras que ambos insistieron en que el agua "es de todos los españoles y debe compartirse" para garantizar la producción agrícola.
Respuesta del PSOE y medidas en curso
El PSOE regional respondió que la prioridad debe ser combinar medidas de corto y medio plazo: complementar trasvases cuando proceda, elevar la producción de agua desalada y modernizar regadíos para aumentar eficiencia. El diputado socialista Fernando Moreno destacó que el partido trabaja en una hoja de ruta dirigida a garantizar agua permanente en la Región de Murcia frente al impacto del cambio climático, con actuaciones orientadas a depuración, eficiencia y optimización de recursos hídricos propios de la cuenca del Segura.
En paralelo a ese diseño de políticas, el Gobierno ha adjudicado la redacción de los anteproyectos de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja y continúa con ampliaciones de plantas existentes para aumentar la capacidad de producción de agua desalada, según comunicaron fuentes del equipo responsable de infraestructuras hídricas. El Ejecutivo plantea que la desalación, junto a mejoras en depuración y riego, sea pieza clave para la resiliencia agraria en un contexto de menor disponibilidad de recursos superficiales.
Actores, consecuencias y propuestas técnicas
El debate enfrenta posiciones claras: una apuesta por priorizar transferencias de cuenca y ampliar infraestructuras de trasvase frente a una estrategia centrada en la desalación, eficiencia y modernización de regadíos. En términos de impacto, las decisiones sobre caudales y trasvases tienen efectos directos sobre la superficie regada, la producción de hortalizas y cítricos y la viabilidad de explotaciones familiares y grandes hortofrutícolas en el Levante; la falta de agua reduce rendimiento y obliga a cambios varietales o a reconversión de cultivos.
Las propuestas técnicas en discusión incluyen incrementar la capacidad de almacenamiento y regulación, mejorar redes de distribución para reducir pérdidas, digitalizar riego con sensores y telemetría para optimizar consumos, e impulsar desalación con criterios de eficiencia energética y recuperación de subproductos. Estas medidas responden a la necesidad de adaptar el regadío al calentamiento y a la disminución de recursos superficiales, buscando mantener producción con menor consumo específico de agua por hectárea.
Perspectiva política y futura planificación nacional
En el plano político, Vox reclama que un futuro Plan Hidrológico Nacional incorpore la "prioridad nacional" como principio regulador para garantizar suministro al Levante; los exdiputados advierten que los acuerdos autonómicos no deben dejar fuera medidas que, a su juicio, aseguren la llegada de agua a las zonas productoras. El PSOE, por su parte, apuesta por combinar recursos (trasvases cuando proceda, desalación, depuración y modernización) dentro de una estrategia adaptativa ante la sequía persistente.
A futuro, la discusión se centrará en la combinación de instrumentos: ¿hasta qué punto ampliar trasvases o priorizar la desalación y la eficiencia? Las decisiones tendrán efectos medibles sobre hectáreas regadas, consumo energético del sector hídrico y la capacidad de España para mantener la producción hortofrutícola del Levante, uno de los principales motores agrícolas del continente. El equilibrio entre políticas de trasvase, inversión en plantas desaladoras y modernización de regadíos marcará la capacidad de la región para garantizar agua y producción en los próximos años.
Los actores del sector —regantes, administraciones autonómicas, Ministerio competente y grupos parlamentarios— deberán acordar indicadores concretos (volúmenes transferidos, capacidad desalada instalada, reducción de pérdidas en redes, eficiencia del riego) que permitan evaluar la eficacia de las medidas y su contribución a la seguridad hídrica y alimentaria. Mientras tanto, el debate político y técnico continuará marcando la agenda del Levante agrícola en 2026 y en el horizonte inmediato.
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