En Mazaricos y Outes, piaras de más de diez jabalíes han arrasado parcelas de maíz durante la actual campaña de siembra, obligando a varios agricultores a resembrar sus fincas. Los ataques se producen principalmente de madrugada y en muchas explotaciones los surcos quedan completamente levantados tras una sola noche de presencia de los animales. Los ganaderos y propietarios afectados alertan de la rapidez y la intensidad del problema, que ya condiciona la planificación de siembras en varias parroquias de la comarca.
Los agricultores describen un patrón repetido: los jabalíes acceden desde zonas de monte próximas y buscan la semilla recién puesta, removiendo la tierra desde el inicio del riego hasta destruir grandes franjas de parcela. Francisco Cacheiro, agricultor del núcleo mazaricano de Gosolfre, relata que han tenido que resembrar más de una docena de parcelas por la gravedad de los daños registrados en las últimas semanas. La presencia concentrada de piaras en puntos concretos agrava el impacto y deja cultivos inservibles cuando aún están en fase de germinación.
Daños y costes
Los ataques obligan a volver a preparar terrenos, comprar semilla de nuevo y retrasar la implantación del cultivo, lo que perjudica especialmente a explotaciones lecheras que dependen del maíz forrajero para su ración anual. A nivel de parcelas, los afectados calculan pérdidas directas por semilla y laboreo; en varios casos se cuantifican gastos mínimos de 250 euros por hectárea solo en semilla y operaciones de nueva siembra. Además del gasto económico, el retraso en la instalación del cultivo reduce el rendimiento potencial de la campaña y complica la rotación de parcelas prevista por las granjas.
Los propietarios señalan que decenas de fincas tuvieron que ser plantadas de nuevo en zonas como la parroquia de Chacón y Valadares, lo que representa un contratiempo operativo y financiero recurrente durante la fase de siembra. El problema se concentra en fincas próximas a montes y zonas de matorral, donde los jabalíes encuentran refugio y alimento alternativo que facilita su establecimiento en el entorno agrícola. El resultado es una combinación de pérdida de semilla, incremento de costes y aumento de la incertidumbre sobre la viabilidad de ciertas superficies agrícolas.
El coste mínimo estimado por semilla y trabajo para resembrar alcanza los 250 euros por hectárea, sin contar el tiempo de maquinaria, mano de obra adicional ni la posible necesidad de nuevas intervenciones si los daños se repiten. Estos costes repercuten en la planificación anual de las explotaciones, que deben reajustar compras, calendario de riego y previsiones de pienso para el ganado, además de valorar la necesidad de medidas preventivas adicionales.
Medidas y respuesta
Productores, cuadrillas de cazadores y grupos locales reclaman una gestión integrada que combine acciones de control poblacional, medidas preventivas en parcela y mecanismos de compensación económica. Entre las prácticas propuestas están la instalación temporal de cerramientos eléctricos en parcelas críticas, el uso de repelentes y disuasores acústicos, y la aplicación de sensores y drones para monitorizar movimientos de fauna en tiempo real y priorizar actuaciones. La coordinación administrativa para autorizar dispositivos profesionales de control y para tramitar ayudas a la protección de cultivos aparece como una demanda habitual de la comarca.
Además de las respuestas inmediatas en campo, los técnicos aconsejan registrar todos los ataques con fotografía y parte temporal para facilitar reclamaciones ante seguros agrarios o solicitudes de compensación. Las cuadrillas de caza actúan como apoyo local en el control de poblaciones, pero los agricultores insisten en la necesidad de un dispositivo profesional y planificado que combine prevención, censo de ejemplares y actuaciones reguladas para reducir la presión sobre las tierras de cultivo.
En términos de futuro, la adopción de soluciones de agricultura de precisión —detección por dron, mapeo de puntos críticos y cercados inteligentes— puede mejorar la protección de parcelas sin incrementar excesivamente los costes. Asimismo, la planificación de líneas de cultivo y franjas de coexistencia con el monte, junto a incentivos para cerramientos y contratos de seguro, son vías que los productores y técnicos consideran prioritarias para 2026 y siguientes.
Mientras tanto, los ganaderos y propietarios piden mayor agilidad administrativa para tramitar denuncias y subvenciones, y animan a cualquier agricultor afectado a documentar los daños y a contactar con las entidades responsables para que se actúe con criterios técnicos. La situación en Barbanza pone de manifiesto la necesidad de combinar medidas inmediatas en parcela con políticas regionales que permitan gestionar poblaciones de fauna salvaje sin comprometer la seguridad alimentaria local ni la viabilidad económica de los cultivos de maíz.
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