Según Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), el Estado es "quien ha fallado" en la gestión del conflicto del trasvase y en la planificación de los recursos hídricos, lo que, a juicio de los representantes del sector, está generando una imagen de división entre regiones que no se reconoce en las explotaciones agrarias. Jiménez defendió que las comunidades agrícolas del sureste mantienen una misma relación productiva con el territorio y que la disputa pública sobre el trasvase se está traduciendo en tensión institucional más que en soluciones técnicas para el agua. En su intervención el dirigente reclamó mayor concreción y calendarios claros por parte del Gobierno para las medidas que afectan a los regadíos y al abastecimiento regional.
Los regantes también criticaron la ejecución de las políticas de modernización que, según sus portavoces, no se han aplicado con la rapidez necesaria: Jiménez afirmó que el real decreto destinado a modernización y regeneración preveía 3.500 millones de euros y, a 2026, solo se han ejecutado 100 millones, una situación que, según ellos, puede desembocar en la devolución de fondos europeos si no se acelera la inversión. Esta valoración fue usada para subrayar que la planificación estatal debe orientarse a resultados técnicos y administrativos verificables, con indicadores públicos de ejecución y criterios de priorización transparentes para proyectos de eficiencia en regadío.
En la misma línea, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, defendió la modernización y tecnificación del sector hortofrutícola del sureste como un factor de sostenibilidad: afirmó que las explotaciones de la zona aplican sistemas de riego eficientes y usan fertilizantes con criterios de mínima aplicación. Martínez Madrid alertó contra decisiones que, desde su perspectiva, responden a posturas ideológicas y no a criterios de gestión del recurso; en ese contexto aseguró que, según sus cálculos, se han vertido al mar cifras que superan los 20.000 hectómetros cúbicos y que, para recuperar ese volumen por desalinización, haría falta una inversión superior a 30.000 millones de euros, un coste que, dijo, la agricultura estratégica del sudeste no puede asumir sin respaldo público. Estas cifras se presentaron como estimaciones del sector y como argumento para exigir políticas de reutilización y redistribución más técnicas.
Los regantes vinculaban buena parte del problema a la falta de diálogo previo y a decisiones adoptadas a nivel central sin participación suficiente de agricultores y comunidades de regantes; por ello demandan que las próximas medidas incluyan mecanismos de gobernanza multiparticipativa, instrumentos de control y evaluación y un calendario de ejecución con hitos anuales. Entre las propuestas técnicas que plantean para 2026 y en adelante figuran la aceleración de proyectos de modernización de riego, el impulso de plantas de regeneración de aguas, la mejora de redes de distribución para reducir pérdidas, el fomento de la desalación compartida con criterios de coste-beneficio y el desarrollo de mercados de agua con seguridad jurídica para los usuarios agrarios.
Los portavoces del sector también reclamaron incentivos para la adopción de tecnologías de agricultura de precisión, telemetría y telecontrol en redes de riego que permitan optimizar aportes y medir consumos por parcela y por cultivo, así como programas de formación técnica para ayuntamientos y comunidades de regantes. En su diagnóstico relacionan directamente la falta de inversión con menos capacidad para adoptar soluciones que reduzcan la demanda y aumenten la resiliencia frente a sequías, por lo que vinculan ejecución presupuestaria y competitividad agrícola: a mayor inversión en modernización, menor coste operativo a medio plazo para las explotaciones.
En el acto, el alcalde de Pilar de la Horadada trasladó el apoyo municipal a los agricultores y señaló que, en 2026, la gestión del agua debe ser una prioridad local y nacional porque "sin agua no hay nada"; los asistentes reclamaron a los responsables autonómicos y nacionales planes concretos con plazos y partidas presupuestarias verificables. Los representantes del Tajo-Segura cerraron su intervención con un llamamiento a que las decisiones futuras se basen en datos, evaluación ambiental y criterios de eficiencia, y con la advertencia de que defenderán las necesidades del riego con "uñas y dientes" si no se presentan soluciones tangibles.
El conflicto mantiene abiertas vías técnicas y políticas: los regantes exigen al Gobierno planes de inversión con seguimiento público en 2026, mayor participación en la toma de decisiones y un impulso decidido a tecnologías que permitan reducir consumos y mejorar la reutilización, mientras que el horizonte inmediato pasa por la concreción de calendarios y la activación de proyectos que demuestren resultados medibles en los próximos meses. Para el sector, la clave es transformar el debate en un programa de actuaciones prioritarias, con indicadores de reducción de pérdidas, incremento de ahorro hídrico y cifras claras de ejecución presupuestaria que puedan verificarse públicamente.
Foto - www.agrodiario.com
