Según AVA-Asaja y su presidente Cristóbal Aguado, la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la reforma del Sistema Generalizado de Preferencias perjudica al sector arrocero y pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones en España en 2026. La organización agraria denuncia que la nueva regla establece un umbral de activación demasiado elevado que no frenará la entrada masiva de arroz procedente de países beneficiarios de preferencias comerciales.
Con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, la Eurocámara aprobó la normativa sobre el SGP que incluye una salvaguardia automática del arroz cuando las importaciones aumenten un 45% en un promedio de diez años. La votación se saldó con 459-127-70 y fija el umbral de activación en un aumento del 45% sobre la media decenal, una fórmula que los productores consideran ineficaz para proteger los mercados locales.
Los arroceros habían solicitado que el umbral se redujera al 20% para evitar que la cláusula se activara solo tras un incremento de importaciones que equivaldría, según los cálculos del sector, a alrededor de 570.000 toneladas procedentes de países con trato 'Todo menos armas' (EBA). El sector considera que establecer el umbral en el 45% —aproximadamente 570.000 t— deja desprotegido al arroz europeo, porque los efectos negativos sobre precios y liquidez se producen mucho antes de alcanzarse esa cifra.
AVA-Asaja advierte de un efecto acumulativo de importaciones procedentes de múltiples acuerdos comerciales que intensifica la presión sobre el mercado europeo, al sumar arroz de países EBA y otras zonas con acuerdos recientes. La organización subraya que la combinación de oferta exterior creciente y producción nacional abundante puede generar un desequilibrio severo en el mercado durante la campaña 2026 y siguientes.
Reacciones y propuestas
AVA-Asaja, en coordinación con otras organizaciones agrarias europeas, mantuvo contactos con eurodiputados para intentar reducir el umbral de activación y lograr medidas de salvaguardia más rápidas. La petición del sector se basa en indicadores de mercado que señalan caída de cotizaciones, existencias elevadas y costes de producción al alza, factores que, según los productores, requieren una intervención temprana y eficaz. La organización propone mecanismos más sensibles al ritmo de importaciones y la posibilidad de activar salvaguardias provisionales con umbrales inferiores para evitar la saturación del mercado.
Riesgos para 2026 y perspectivas futuras
Los arroceros apuntan a varias causas concretas del riesgo actual: aumento de costes de producción, limitaciones en herramientas fitosanitarias frente a plagas y malas hierbas, y la previsión de una elevada superficie sembrada en España por las condiciones climáticas favorables en la primavera de 2026. Estas condiciones podrían traducirse en una oferta nacional alta en un momento en que las importaciones continúan presionando los precios. En este contexto, muchas explotaciones valoran la posibilidad de reducir superficie o posponer siembras futuras si no existen garantías de mercado y precios sostenibles.
Además de reclamar un umbral de activación más bajo, el sector exhorta a la Comisión Europea y a los parlamentos nacionales a considerar medidas complementarias: alertas tempranas basadas en tendencias trimestrales de importación, apoyo a la comercialización de arroz europeo con campañas de promoción y etiquetado de origen, y análisis de impacto conjunto antes de ratificar nuevos acuerdos comerciales que puedan aumentar la oferta exterior.
Impacto territorial y ambiental
AVA-Asaja enfatiza que la producción arrocera en regiones mediterráneas tiene valor ambiental y territorial, manteniendo espacios como humedales y sistemas protegidos que dependen de la actividad agraria. La organización advierte que una crisis prolongada de rentabilidad no solo afecta a la viabilidad económica de las explotaciones sino también a la gestión de estos ecosistemas y al empleo rural.
Reacciones políticas y siguientes pasos
El presidente regional de AVA-Asaja ha pedido a los europarlamentarios españoles que sigan presionando en 2026 para introducir salvaguardias más eficaces en la aplicación del SGP y para exigir a la Comisión que active estudios de impacto y mecanismos temporales de protección. El sector anuncia que continuará su labor de interlocución con instituciones europeas y nacionales, así como campañas de información para consumidores y administraciones sobre la necesidad de proteger la producción arrocera europea.
Conclusión
El voto del Parlamento Europeo marca un punto de inflexión para el sector arrocero en 2026, que pasa de reclamar ajustes técnicos a demandar garantías de mercado y políticas coordinadas que eviten una presión competitiva insostenible. La agricultura arrocera española y mediterránea estará atenta a la implementación del SGP y a cualquier medida adicional que permita estabilizar precios, asegurar rentabilidad y preservar el valor ambiental asociado al cultivo del arroz.
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