Según Joaquín Gallardo, ganadero de Teruel, el acuerdo entre Mercosur y la UE supone una amenaza para la ganadería familiar española y para la transparencia ante el consumidor, y exige medidas claras de control y etiquetado para el futuro. Gallardo afirma que el sector ha recibido la noticia con alarma y que las administraciones deben garantizar que las importaciones cumplan estándares sanitarios y ambientales equivalentes a los europeos. En su intervención pública, el ganadero puso énfasis en la vulnerabilidad de las explotaciones familiares frente a la entrada de productos de bajo coste y reclamó mayor protección institucional para mantener la actividad rural. El malestar colectivo que expresa Gallardo anticipa movilizaciones y actuaciones judiciales como vías de presión para obtener garantías y compensaciones.
Riesgos para consumidores y controles necesarios
Gallardo advierte que los productos importados desde los países de Mercosur pueden llegar con normativas distintas en el uso de antibióticos, hormonas y fitosanitarios, y reclama pruebas y controles en origen y en puertos de entrada para verificar trazabilidad y residuos. El acuerdo elimina más del 90% de los aranceles en determinados contingentes, lo que, según el ganadero, puede aumentar la presión de precio sobre la producción local si no se acompaña de medidas de control sanitario y de etiquetado claras. Para evitar confusión en el mercado, Gallardo exige un etiquetado obligatorio y visible con país de origen y método de producción, y propone que se establezcan límites analíticos y muestreos aleatorios en frontera para comprobar homologación de normas. Asimismo, reclama recursos para los laboratorios oficiales y para inspecciones en origen que garanticen la equivalencia de estándares sanitarios, y advierte que sin esas garantías la confianza del consumidor puede erosionarse.
Impactos ambientales y socios comerciales
El ganadero subraya el impacto ambiental que asocia a parte de la ganadería en algunos países de Mercosur, citando la deforestación vinculada a ampliación de pastos y cultivos forrajeros, y señala que la huella ambiental debe ser parte de cualquier evaluación comercial. Gallardo considera imperativo incorporar criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones en los acuerdos comerciales futuros, así como mecanismos de trazabilidad que permitan verificar cadenas de suministro responsables. Además, recuerda que algunos productos españoles —como aceite de oliva, vino y cava— podrían beneficiarse de aperturas comerciales, pero sostiene que estos sectores ya están regulados por indicaciones geográficas y que su competencia no es equiparable a la que sufren las explotaciones ganaderas familiares. En definitiva, pide que la política comercial no derogue requisitos ambientales ni sanitarios por motivos de competitividad.
España vaciada, relevo generacional y modelo productivo
Para Gallardo, la ganadería es un pilar de la vertebración territorial y del mantenimiento de pueblos, por lo que cualquier cambio estructural que favorezca modelos intensivos en detrimento de explotaciones familiares aumentará la pérdida de población rural. Denuncia que la tendencia hacia modelos más intensivos deja fuera consideraciones sociales y ambientales y dificulta la incorporación de jóvenes, a quienes el ganadero describe como incapaces de asumir la carga burocrática y económica actual. Frente a ese escenario, demanda medidas públicas concretas: incentivos a la incorporación, simplificación administrativa con garantías, programas de relevo generacional financiados y líneas de apoyo para pequeñas explotaciones que mantengan prácticas extensivas y de bajo impacto.
Medidas reclamadas y perspectivas futuras
Gallardo anuncia que el sector prepara nuevas movilizaciones y recurrirá a la vía judicial si considera que el acuerdo se aplica sin las debidas garantías; además, apuesta por campañas de información al consumidor para incentivar la elección de productos de origen europeo. Entre las propuestas prácticas que plantea están: 1. refuerzo del control fitosanitario y de residuos en puertos y fronteras; 2. etiquetado obligatorio y verificado con origen y método de producción; 3. fondos específicos para apoyo a explotaciones familiares afectadas por competencia de bajo coste; y 4. creación de protocolos de homologación sanitaria con países terceros. Según Gallardo, estas medidas combinadas permitirían un equilibrio entre apertura comercial y protección del tejido productivo y ambiental de España.
En definitiva, la posición que expresa Joaquín Gallardo refleja la preocupación del sector ganadero por la futura competitividad y por la protección del consumidor y del territorio, y sitúa el debate en torno a cómo compatibilizar el comercio internacional con estándares sanitarios, ambientales y sociales exigibles en la UE. Gallardo exige controles, etiquetado claro y medidas de apoyo a la ganadería familiar para evitar un desvío hacia modelos intensivos que, a su juicio, perjudicarían la sostenibilidad rural a medio y largo plazo.
Foto - www.cope.es
