Roque Luis Bru, presidente de la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, ha alertado en 2026 sobre el avance de proyectos hídricos en Portugal que, a su juicio, buscan almacenar y distribuir agua que en España se está dejando de utilizar por medidas ambientales. Bru sostiene que Portugal está invirtiendo en almacenamiento y distribución de agua mientras en España se adoptan restricciones que reducen el uso agrícola, y reclama alternativas técnicas y económicas antes de recortar la capacidad de transferir recursos hídricos. En su intervención en la Asamblea Regional explicó que las decisiones sobre el régimen de explotación del trasvase deben venir acompañadas de alternativas operativas y financieras viables para los regantes del Levante. Bru defendió además el papel activo de los agricultores en la gestión ambiental de los territorios regados, señalando su contribución a mantener paisajes productivos y ecosistemas asociados al regadío.
Reclamaciones y propuestas
Bru ha exigido la elaboración de una regla de explotación actualizada y consensuada con usuarios y administraciones, así como la puesta en marcha de medidas compensatorias que mitiguen la reducción de aportaciones del trasvase. Propone un paquete de soluciones técnicas que incluya inversión en almacenamiento regulado, modernización de redes de riego para mejorar eficiencia y proyectos de reutilización y desalación ligados a plantas y gestión conjunta entre cuencas. Para Bru, cualquier ajuste al esquema del trasvase debe evaluarse mediante indicadores claros: volumen disponible para riego, superficie protegida de regadío, impacto sobre empleo rural y coste-beneficio de las alternativas propuestas.
Andrés Molina, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, ha defendido el acueducto Tajo-Segura como una infraestructura esencial para la producción alimentaria del Levante y ha insistido en la necesidad de respetar los derechos adquiridos por los usuarios. Molina advierte que el incremento de caudales ecológicos, sin medidas compensatorias eficaces, puede reducir significativamente superficie de regadío y traducirse en impactos económicos y laborales, por lo que solicita una revisión técnica y administrativa de la implantación de esos caudales dentro del ciclo de planificación vigente. Ha reclamado la participación efectiva de los usuarios en la definición de medidas y subraya la necesidad de que las decisiones se apoyen en estudios hidráulicos y económicos robustos.
Partidos y actores políticos han presentado posiciones diferenciadas durante el debate en 2026: el Grupo Popular ha enfatizado las consecuencias directas para agricultores y regantes ante cualquier incremento de limitaciones al trasvase y demanda diálogo real con el Ministerio responsable; representantes socialistas han calificado el trasvase como infraestructura irrenunciable y han defendido la gestión del agua combinando seguridad de suministro y criterios ambientales; formaciones de derecha han pedido que se recurran todas las fórmulas legales disponibles frente a recortes que consideren lesivos para la economía del Levante; y formaciones de la izquierda verde han abogado por una mesa técnica plural para estudiar una reconversión ordenada del regadío con criterios de sostenibilidad.
Efectos técnicos y medidas futuras
Expertos reunidos en la Comisión han planteado medidas concretas para 2026 y los próximos años: acelerar la modernización de riegos mediante tecnologías de precisión que reduzcan pérdidas por evapotranspiración y distribución, desplegar sistemas de almacenamiento artificial y natural que aumenten la resiliencia frente a variabilidad hidrológica, impulsar la reutilización de aguas depuradas en uso agrícola y fomentar plantas de desalación con modelos de coste compartido. También se ha propuesto desarrollar indicadores de impacto socioeconómico que permitan evaluar de forma transparente las consecuencias de cada escenario de caudales ecológicos, incluyendo proyecciones de superficie regada, producción agrícola y empleo directo asociado.
Los representantes de los regantes demandan plazos y compromisos financieros para implementar estas medidas, así como la aprobación urgente de la nueva regla de explotación que integre escenarios de disponibilidad hídrica, alternativas de almacenamiento y criterios de reparto equitativo. Entre las propuestas figura la creación de un órgano de seguimiento con técnicos, universidades, representantes del sector agrario y administraciones autonómicas y estatales que supervise la ejecución de inversiones y evalúe resultados anuales.
En el plano institucional, la discusión en 2026 pone énfasis en compatibilizar objetivos ambientales con la seguridad alimentaria y la viabilidad económica del regadío en el Levante. Los interlocutores reclaman que las políticas hidráulicas futuras combinen inversiones en infraestructuras físicas y tecnológicas con mecanismos de gobernanza que impliquen a usuarios y comunidades autónomas, para evitar decisiones que, según los regantes, pongan en riesgo producción, empleo y tejido rural sin ofrecer alternativas efectivas. El debate continuará en los próximos meses con la expectativa de que el Gobierno presente criterios operativos revisados y paquetes de inversión que permitan conciliar los distintos objetivos en el ciclo de planificación hidrológica.
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