COAG propone en 2026 subvencionar el arranque de hasta el 25% del viñedo español como respuesta a la crisis estructural del sector del vino. La propuesta plantea el abandono definitivo y subvencionado de 225.000 hectáreas sobre una superficie nacional próxima a las 900.000 hectáreas, con aplicación escalonada y criterios que prioricen las parcelas sin relevo generacional. La organización reclama además que la medida vaya acompañada de fondos suficientes y de un plan coordinado entre los distintos actores sectoriales para minimizar impactos sociales y ambientales.
Para COAG, las soluciones puntuales que se manejan actualmente —vendimias en verde, destilaciones de crisis o arranques quirúrgicos aislados— son insuficientes frente a una tendencia que reduce demanda y rentabilidad. La propuesta contempla ayudas económicas justas por hectárea abandonada, condiciones contractuales que eviten la reconversión especulativa y una ejecución en varios años para ordenar la oferta y evitar caídas bruscas de precio. Otras experiencias europeas muestran programas de retirada apoyados por ayudas directas por hectárea, que COAG toma como referencia para fijar umbrales y criterios de compensación.
Los factores que explican la pérdida de viabilidad son sobre todo del lado de la demanda: varios informes sectoriales sitúan la caída del consumo en una horquilla aproximada del 0,9% al 1,3% anual si no se invierte en cambio de modelo, y apuntan a que, con esa tendencia, el consumo podría reducirse cerca de un 25% en menos de dos décadas. A ello se suma un cambio social que altera hábitos de consumo entre las nuevas generaciones y una competencia creciente en mercados internacionales por precio y por imagen. La conjunción de menor demanda, precios a la baja y costes de producción crecientes estrecha los márgenes de muchas explotaciones.
La organización sostiene que hoy una parte significativa del viñedo no alcanza rentabilidad y que numerosos viticultores sobreviven gracias a las ayudas públicas y a ajustes de costes que no son sostenibles a medio plazo. En parcelas de baja calidad o en comarcas con falta de relevo, la presión sobre el precio de la uva obliga a recortar inversiones y prácticas agronómicas, lo que a su vez degrada el potencial productivo y la calidad. COAG advierte de un círculo vicioso: menor inversión conduce a menor calidad y a una peor posición en mercados con mayor exigencia, lo que reduce aún más el atractivo económico de la actividad.
Frente a ese diagnóstico, COAG pide la creación urgente de una mesa sectorial que reúna a agricultores, bodegueros, administraciones y organizaciones agrarias para acordar estrategias y desbloquear los fondos necesarios. Esa mesa debería definir los criterios de arranque subvencionado, las alternativas de reconversión de tierras (agricultura extensiva, forestación, proyectos ambientales) y los mecanismos de acompañamiento social para los productores y las comunidades rurales afectadas. La coordinación entre administraciones autonómicas y central es clave para homogeneizar criterios y evitar desequilibrios territoriales.
Las medidas complementarias que propone el sector incluyen incentivos a la concentración de oferta para mejorar el poder de negociación, apoyo a la diferenciación (marcas territoriales, calidad y sostenibilidad), inversión en tecnificación (viticultura de precisión, control fitosanitario eficiente) y acciones comerciales que recuperen consumo en canales domésticos e internacionales. En explotaciones donde exista potencial de adaptación y relevo, COAG respalda programas de modernización y de acceso a jóvenes agricultores, mientras que en parcelas sin futuro productivo aboga por ayudas de salida compensadas y por planes de uso alternativo del suelo.
El calendario de actuación previsto por la organización es gradual y condicionado a reglas claras: programas plurianuales de arranque, evaluación periódica de impactos y cláusulas que impidan la inmediata reconversión a usos especulativos. COAG plantea que la decisión política sobre estas medidas debe tomarse ahora, en 2026, para ordenar la oferta, proteger rentas y preparar el sector a futuros escenarios de demanda más ajustada. Sin un acuerdo integral y financiación adecuada, advierten, la estructura del viñedo y la economía de muchas zonas vitivinícolas quedarán expuestas a mayores tensiones en los próximos años.
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