La guerra en Irán ha elevado los costes de producción del arroz en la Albufera de Valencia un 7% en la campaña de siembra de 2026, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja). La organización advierte de un aumento generalizado en partidas clave como gasóleo, fertilizantes, semillas y mano de obra que presiona la viabilidad económica de muchas explotaciones arroceras.
Según el balance preliminar de las comunidades de cultivo, el incremento del 7% en costes se traduce en un sobrecoste acumulado que supera los tres millones de euros en la zona, atribuible principalmente al encarecimiento del combustible y de los insumos agrícolas. AVA-Asaja apunta que estos costes adicionales afectan tanto a explotaciones familiares como a cooperativas, reduciendo márgenes y elevando la probabilidad de ajustes en la superficie destinada al arroz.
El origen directo del encarecimiento está vinculado a la tensión internacional por el conflicto en Irán, que ha alterado cotizaciones energéticas y la logística global de materias primas. El alza del precio del gasóleo incrementa los gastos de preparación de tierra, bombeo de agua y transporte, mientras que la volatilidad en la oferta de fertilizantes se refleja en precios al alza y plazos de entrega más largos; esa combinación altera cronogramas de siembra y riego en el cultivo del arroz.
AVA-Asaja también alerta sobre el impacto sanitario: el Gobierno no ha autorizado, por ahora, un fitosanitario cuya utilización han permitido Italia y Grecia, lo que, según los agricultores, aumenta la presión de plagas y enfermedades en parcelas que ya sufren estrés por costes y logística. La ausencia de esa herramienta fitosanitaria en España condiciona manejos, obliga a recurrir a tratamientos alternativos más caros o menos efectivos y puede traducirse en pérdidas de rendimiento si la situación fitosanitaria empeora.
El efecto combinado de mayores insumos y limitaciones en el control fitosanitario genera decisiones concretas en las explotaciones: retrasos en la siembra, reducción de labores de conservación del suelo y, en algunos casos, ajustes de plantilla temporal en las campañas de trabajo. Estas medidas repercuten en la productividad estimada y elevan el riesgo financiero de las fincas, según los técnicos que trabajan en la comarca de la Albufera.
Frente a ese escenario, AVA-Asaja reclama medidas urgentes de política pública que mitiguen el impacto en la campaña de 2026, entre ellas ayudas al combustible para regadío, agilización de trámites de autorización de fitosanitarios cuando las evaluaciones de riesgo lo permitan, y líneas de apoyo dirigidas a garantizar la liquidez de las explotaciones. La organización también sugiere aumentar el alcance de los seguros agrarios para cubrir pérdidas derivadas de la combinación de factores externos.
En paralelo, productores y técnicos están evaluando soluciones técnicas y tecnológicas para reducir la dependencia de insumos volátiles. Entre las estrategias en estudio figuran la intensificación del manejo integrado de plagas, la adopción de prácticas de fertilización de precisión que optimizan dosis y aplican nutrientes de forma localizada, y la implementación de sistemas de riego más eficientes y controlados para disminuir costes energéticos en bombeo.
Asimismo, algunas explotaciones están explorando alternativas de mercado y de gestión del riesgo: diversificar contratos de venta anticipada, revisar esquemas de contratación de suministros y evaluar inversiones en maquinaria que reduzca consumo de combustible por hectárea. El impulso a la investigación en variedades más resistentes y en técnicas de biocontrol aparece como una apuesta a medio plazo para estabilizar rendimientos frente a restricciones fitosanitarias.
El riesgo para la campaña de 2026 no solo es local: la situación ilustra cómo los factores geopolíticos internacionales pueden trasladarse rápidamente a costes productivos y a la seguridad de la oferta agroalimentaria. En la Albufera, la combinación de precios energéticos al alza, problemas en la cadena de suministro de fertilizantes y limitaciones regulatorias sobre fitosanitarios pone a prueba la resiliencia del modelo de producción arrocera.
Para las próximas semanas, los productores esperan respuestas concretas de las administraciones y mayor coordinación con entidades europeas para gestionar autorizaciones y ayudas. Mientras tanto, el sector intensificará el seguimiento de precios y suministros, y priorizará medidas de ahorro energético y optimización de insumos para contener el impacto económico sobre la campaña en curso.
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